En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicó que se pretende aumentar la población cubierta por los planes de pensiones colectivos, extendiéndola a autónomos o funcionarios, “dar transparencia” a los partícipes, ofrecer este producto “a un coste bajo” y que el beneficio fiscal “se oriente” a este tipo de planes a los que pueden acceder “muchos ciudadanos con rentas medias que voluntariamente quieran tener este instrumento”.

Escrivá afirmó que “vamos a propiciar claramente la competencia porque se van a seleccionar las gestoras depositarias de estos planes mediante concurso público y garantizando que las comisiones sean muy bajas”. En este sentido, no concretó la cifra de las comisiones de gestión, pero sí comentó que habrá un límite máximo en el proceso de concurrencia “en línea con los costes actuales en los planes de empleo, que son extraordinariamente bajos”, frente a los de los planes individuales, que están “en torno al 1%”.

Los fondos en los planes colectivos tendrán una gobernanza específica, con comisiones de control propias en las que habrá una representación “importante” de la administración central y también habrá representantes de los agentes sociales. “Hemos discutido la gobernanza con los agentes sociales y si hay margen para mejorarla lo haremos”, admitió.

Los activos de los fondos serán invertidos en interés de los partícipes y beneficiarios tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones.

FISCALIDAD

En cuanto a la fiscalidad, las deducciones en el IRPF se focalizan en los planes de empleo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 al elevar a 8.500 euros las aportaciones con derecho a deducciones en los planes de empleo, que se suman a los 1.500 euros de los planes individuales, sumando un total de 10.000 euros.

En el caso de los trabajadores autónomos, la deducción debe estar en línea con la suma de ambas deducciones, de 5.750 euros -1.500 euros en el caso de los planes individuales y se eleva a 4.250 euros en el caso de los colectivos-.

Escrivá destacó que el compromiso es que esta nueva ley haya completado todo el trámite parlamentario en el primer semestre de 2022.

Por otra parte, se facilita la creación de los planes simplificados, de manera que se va a posibilitar que todas las empresas de un sector puedan adscribirse si así se decide en la negociación colectiva sectorial.

La creación de estos planes se realizará con un procedimiento más sencillo que el actual de forma que, en lugar de que cada empresa seleccione su propio plan de pensiones, se podrán adscribir directamente al plan simplificado del sector que corresponda.

Además, para facilitar la transparencia y la portabilidad entre planes de pensiones se pondrá en marcha una plataforma digital común en la que cada partícipe podrá consultar fácilmente toda la información y realizar los trámites de forma sencilla.