Violencia de género

Los ginecólogos expresan su desacuerdo con que se considere la denominada “violencia obstétrica” como una forma de violencia de género

MADRID
SERVIMEDIA

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) expresó este jueves su desacuerdo con que se considere a la denominada “violencia obstétrica” como una forma de violencia de género.

La SEGO aseguró que rechazan la “normalización” de prácticas como las cesáreas o las episiotomías y que, en la actualidad, no existe un “empleo institucionalizado” de esas prácticas. Indicaron que se dan ya en menos del 30% de los partos y que en la mayoría de los casos en los que se producen “su uso está justificado por la evidencia científica”, de manera que “la práctica profesional inadecuada sería no recurrir a ellas”.

“En este sentido, queremos incidir en que trabajamos para que las expectativas que las mujeres tienen sobre sus partos se vean cumplidas en todos los casos en los que sea posible. Pero a veces la situación se complica y los profesionales sanitarios deben abordar estos casos con medidas adecuadas para que no esté en peligro la vida o la salud de la madre o su hijo. Cuando así sucede, la inmensa mayoría de las mujeres y sus familias lo comprenden y consiente tras la información adecuada”, remarcaron desde la SEGO.

Los ginecólogos aseguraron que están radicalmente a favor de la información continua, la solicitud de consentimientos, el reconocimiento de los deseos de la madre y la empatía y la comunicación continua en la atención durante el embarazo y el parto.

“La inclusión de todas estas prácticas en el marco de la violencia de género es sencillamente ilógica. No podemos banalizar de esta forma la violencia de género, que es muy grave, como bien podemos atestiguar en nuestras consultas de ginecología”, explicaron.

“La tipificación penal de un concepto como la violencia obstétrica sitúa a los profesionales en un territorio de inseguridad y desprotección jurídica insoportable”, indicaron los ginecólogos a la que vez que concluyeron que esta situación puede llevar “al absurdo de que un profesional sanitario pueda acabar respondiendo ante los tribunales por un delito penal de violencia machista contra una mujer por una práctica profesional de urgencia con la que quizás haya salvado su vida o la de su bebé”.

(SERVIMEDIA)
25 Nov 2021
STH/clc