Laboral

El Gobierno endurece las sanciones por contratación fraudulenta a entre 1.000 y 10.000 euros por persona

MADRID
SERVIMEDIA

El Gobierno ha propuesto endurecer las sanciones por contratación fraudulenta y llevarlas a 1.000 euros en grado mínimo y 10.000 euros como máximo por personas en fraude.

Fuentes sindicales trasladaron que el Gobierno ha hecho una nueva propuesta en la que se han endurecido las sanciones por contratación temporal fraudulenta a 1.000 euros en grado mínimo y 10.000 euros en grado máximo por persona en fraude.

Sobre el ‘Mecanismo RED’, nombre que se le da a los ERTE estructurales, también se han introducido cambios respecto a la propuesta anterior y se han eliminado “los elementos que permitían el tránsito a los despidos o la percepción de indemnizaciones a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)”.

El Gobierno propuso a principios de este mes que en los ERTE por causas estructurales, las empresas que se acojan deberán llevar a cabo un plan de recolocación de trabajadores en otras empresas y cuando se produzca en una fuera del grupo empresarial, se acumulará en el Fogasa el 50% de su indemnización por despido improcedente que le hubiera correspondido en ausencia de recolocación para así constituir un fondo para financiar estos procesos.

En el caso de un despido por causas ajenas al trabajador en la empresa receptora, el Fogasa le abonaría la cuantía por despido improcedente que correspondiera, según la propuesta que se hizo entonces.

UGT ya había mostrado rechazo a “cualquier intento de introducir, aunque sea tímidamente, la mochila austríaca” por considerar que en la nueva propuesta se abarata el despido.

Se mantiene de la propuesta anterior el porcentaje de reducir la jornada en los nuevos ERTE entre un 10% y un 70%, la duración máxima de un año en los ERTE por causas cíclicas y hasta de dos en los ERTE estructurales, las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social del 50% durante seis meses para las empresas que contraten a trabajadores de este mecanismo y la aplicación del ‘RED’ por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios de Asuntos Económicos, Trabajo y Seguridad Social.

CONTATOS FORMATIVOS

Respecto a los contratos de formación, el sindicato señaló como novedades que el nuevo contrato se podrá realizar con personas sin cualificación profesional y con titulados de FP o universidad siempre que no se hubiese dado ningún contrato formativo. La formación podrá hacerse con programas públicos o privados, siempre que forme parte del catálogo de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Se introduce el límite de edad en 30 años, si bien se excepciona para estudios universitarios, certificados de profesionalidad nivel 3 o cursos de especialización de formación profesional.

Otra novedad del planteamiento gubernamental es que se podrán realizar contratos de formación en alternancia con varias empresas en base al mismo ciclo, siempre que dichos contratos respondan a varias actividades vinculadas al ciclo o al plan formativo sin que la duración máxima de todos los contratos pueda exceder del límite máximo. Este contrato no tendrá periodo de prueba.

En cuanto al contrato para realización de prácticas se hará dentro de los tres años siguientes a la finalización de los estudios -cinco con personas con discapacidad-.

No podrá concertarse con trabajadores que ya han trabajado para la misma empresa para esa actividad por un periodo de tres meses, sin que computen a estos efectos los periodos de formación o prácticas del currículo exigido para la obtención del título. Se pueden suscribir sucesivos contratos en prácticas en función del nivel de estudios y pueden hacerse para varias empresas sin que se supere el límite máximo de un año.

Por último, se introduce que las empresas pueden solicitar al SEPE información de las personas que pretenden contratar para saber si han estado previamente contratadas bajo esta modalidad y duración.

Desde UGT trasladaron tener la “sensación de que la negociación no avanza con la debida celeridad” y desde CCOO aseguraron que el acuerdo no está cerca y no comparten la última propuesta sobre contratación, mientras que sobre los ERTE creen que las causas “no están definidas” y “las situaciones a proteger no son las idóneas”.

Fuentes de CEOE se limitaron a decir que siguen trabajando y ven pocos avances.

El Gobierno pretende cerrar un acuerdo dentro de noviembre para cumplir con los trámites del texto en diciembre y que la reforma esté aprobada antes de que acabe el año.

(SERVIMEDIA)
26 Nov 2021
MMR/gja