La defensa de Puigdemont se ha dirigido al Supremo tras conocerse el pasado viernes la decisión del Tribunal General de la Unión Europea, que rechazó devolverle la inmunidad como europarlamentario pero dejó sin vigencia la euroorden que pesa en contra del expresident y los exconsellers huidos Toni Comín y Clara Ponsatí desde hace cuatro años.

La consulta se produce después de que Puigdemont fuera detenido en Cerdeña y se desatara una nueva batalla legal en la que el Tribunal General de la Unión Europea se ha tenido que pronunciar sobre la inmunidad parlamentaria de los tres. Según su decisión, ninguno está amparado por la inmunidad parlamentaria aunque considera que las euroórdenes se encuentran suspendidas mientras no resuelva una cuestión prejudicial planteada por el TS a raíz del rechazo de los tribunales belgas a entregar al exconseller Lluís Puig.

La defensa del expresidente, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, ha dirigido un escrito al TS en el que pregunta si se ha hecho “efectiva la suspensión del presente procedimiento penal a todos los efectos, especialmente en lo relativo a las distintas órdenes de detención emitidas en esta causa penal" y si se ha comunicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Interpol y al sistema de información Schengen.

Con la decisión del tribunal europeo en la mano, Puigdemont puede moverse libremente dentro de territorio europeo, pero además quiere saber si esa suspensión es efectiva también dentro de España.