La directiva sobre nitratos establece que los países de la UE deben controlar sus aguas e identificar las afectadas o que puedan verse afectadas por la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. También están obligados a calificar las superficies cuya escorrentía fluya hacia esas aguas como zonas vulnerables a los nitratos y a establecer programas de acción adecuados para prevenir y reducir la contaminación por esa causa.

Los niveles excesivos de nitratos pueden dañar las aguas dulces y el medio marino mediante un proceso conocido como eutrofización, al estimular el crecimiento excesivo de algas que asfixian otras formas de vidas y matan peces en lagos y ríos.

La Comisión envió una carta de emplazamiento a España en noviembre de 2018 y un dictamen motivado en junio de 2020 y entonces señalaba el incumplimiento por parte de España de las disposiciones de la Directiva sobre nitratos.

Pese a algunos avances limitados, España todavía debe adoptar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país, ya que las establecidas hasta la fecha no han logrado alcanzar los objetivos de la Directiva, según el Ejecutivo comunitario.

Además, Bruselas apunta que España debería revisar y seguir designando zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones (Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia), incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción de cinco regiones (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Extremadura) y adoptar medidas adicionales en las cuatro en las que las medidas establecidas son insuficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva sobre nitratos (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Murcia).

La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos que han realizado las autoridades españolas han sido insatisfactorios e insuficientes, por lo que ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.