En un comunicado, el sindicato indicó que su lema para conmemorar este día es ‘Por la inclusión y el pleno empleo. Sin barreras’ y que entre sus principales objetivos se encuentran los de “conseguir la inclusión y el pleno empleo de las personas con discapacidad”, para lo que consideró necesario “que el Gobierno, las administraciones, empresas, instituciones y organizaciones no gubernamentales se impliquen y trabajen de una manera coordinada”.

“Desde el sindicato, promovemos entornos laborales accesibles para garantizar el respeto y trato justo entre todos sus profesionales y nos sumamos al compromiso de la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás”, señaló CSIF, que criticó que “la falta de criterios inclusivos en el diseño, adaptación de los puestos de trabajo, en la organización de las tareas y en las medidas de accesibilidad, etc. provoca que la gestión de la diversidad funcional sea en ocasiones muy deficiente”.

En este sentido, CSIF llamó la atención sobre las discapacidades sobrevenidas por accidentes de trabajo, denunciando que hay colectivos, como el de la Policía Local, en los que se puede perder el trabajo tras sufrir una discapacidad como consecuencia de un accidente. En estos casos, estos empleados públicos están obligados a pasar a la jubilación forzosa con una perdida retributiva del 45%.

Por ello, el sindicato ha remitido un escrito al Ministerio de Derechos Sociales solicitando protocolos de adaptación de los puestos de trabajo y la regulación de la segunda actividad para aquellos trabajadores que puedan desempeñar otro tipo de trabajo dentro de su administración. “Con ello evitaremos que las secuelas de un accidente laboral supongan una merma de derechos y condiciones laborales”, resaltó.

También denunció el sindicato que “en la Administración Pública no existen planes de acogida ni preparadores laborales que faciliten la incorporación de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo, tras aprobar una oposición”.

Además, CSIF subrayó que este colectivo debe ser incluido en el ámbito laboral, cumpliendo con la obligación de contratación de un 5% de personas con discapacidad y 2% con discapacidad intelectual.

Por todo ello, CSIF reclamó un catálogo de puestos para personas con discapacidad para favorecer la contratación; garantizar a las personas trabajadoras con discapacidad el acceso a su puesto de trabajo en igualdad de condiciones y con plenas garantías de seguridad y salud; y un plan de acogida en los centros de trabajo y preparadores laborales en administraciones y empresas.

También pidió centros de trabajo sin barreras físicas ni cognitivas y con perfiles profesionales flexibles; adaptación del entorno de trabajo: mobiliario, equipos, herramientas, la accesibilidad en espacios de trabajo y zonas de paso, aspectos organizativos, etc; acabar con las prejubilaciones forzosas por motivos de discapacidad; y formación y sensibilización a la plantilla.