El responsable del Cermi indica, en un artículo publicado en "El Mundo", que el "principal" valor de esta norma fue la declaración expresa de que España, como comunidad, "algo tiene que ver en la suerte de todos y cada uno de sus miembros, particularmente de aquellos situados, como las personas con discapacidad y las personas mayores, y sus familias, en posiciones de partida menos ventajosas".

Para Pérez Bueno, la ley "va en la buena dirección", al tratar de responder a ciertas necesidades sociales, "muy acusadas en clave de derechos sociales”, los cuales están fundados en la aceptación “explícita” de que asegurar unos mínimos vitales de dignidad para todos los componentes de la comunidad política es también “una responsabilidad pública y que forma parte del contrato social en que se basan las sociedades democráticas avanzadas".

En relación al despliegue y aplicación de la ley, en sus primeros cinco años de vigencia, el presidente del Cermi reconoce que "está lejos de ser modélico" y concluye que "España, como país, puede –incluso económicamente- y debe crear y mantener un potente dispositivo de protección social que promueva la autonomía personal y mitigue los efectos negativos de la dependencia".