Según informó el Ministerio del Interior, la investigación comenzó cuando los agentes constataron la existencia de un grupo criminal dedicado, presuntamente, a la trata de seres humanos.

El método que utilizaban para captar a las víctimas consistía en contactar, a través de una conocida red social, con mujeres de origen sudamericano, principalmente de Perú y Venezuela, que se encontraban en una clara situación de vulnerabilidad (laboral, económica, familiar, etc.) en sus países de origen.

Se ganaban su confianza manteniendo constantes contactos con ellas y con pequeñas transacciones de dinero que las hacían llegar a modo de ayuda, para finalmente ofrecerles un trabajo como cuidadoras de personas mayores en España.

El entramado criminal también se ofrecía a sufragar los gastos del viaje y asesoraba a las víctimas para que viajasen a España con un visado de turista. Una vez caducado el visado las mujeres quedaban en situación irregular, lo que facilitaba su explotación sexual.

Las víctimas captadas por el grupo criminal aterrizaban en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, donde de manera inmediata se le retiraba el pasaporte, así como las tarjetas y el dinero en efectivo con el que viajaban, siendo trasladadas a un club de alterne en el que se les obligaba a ejercer la prostitución y pagar así la deuda contraída.

Una de las víctimas, consciente del engaño, se negó a ser prostituida. Como represalia fue encerrada en la habitación de un establecimiento de la provincia de Toledo en el que permaneció durante cinco días, alimentada a base de pan y queso y durmiendo sobre un colchón, mientras era drogada y agredida para que cambiara de actitud. Posteriormente fue trasladada a un domicilio de la provincia Ávila donde fue nuevamente golpeada y agredida sexualmente hasta que accedió a prestar servicios sexuales a varios clientes.

La operación policial finalizó con la detención de tres personas de nacionalidad española, una de las cuales ingresó en prisión. Se realizaron dos registros en las provincias de Toledo y Ávila, en los que se intervinieron 5.100 euros en metálico, diversos dispositivos electrónicos y documentación relacionada con la investigación.