Estas tres organizaciones demandantes del llamado ‘Juicio por el Clima’ apuntaron que esos peritos evidenciarán los efectos que el cambio climático tiene ya en España y la previsión de su agravamiento si el Gobierno no actúa de forma urgente.

Las personas llamadas a comparecer son José María Baldasano, catedrático de Ingeniería Ambiental, doctor en Ciencias Químicas e integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), y Margarita Ruiz, doctora en Ingeniería Agrónoma y profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Baldasano, ganador de un diploma del IPCC por su contribución al Premio Nobel de la Paz en 2007, se ratificará en el informe presentado por las organizaciones ecologistas junto a la demanda sobre los objetivos de reducción de emisiones y sus consecuentes impactos climáticos en España.

“El actual cambio climático no es algo que vendrá en los años futuros, sino que ya está aquí. El tiempo para diferir las decisiones ya se ha acabado, la política climática realizada por España en los últimos 25 años, cuando no ha sido totalmente negacionista, ha pecado de poco ambiciosa. El objetivo marcado por el Gobierno español del 23% para el año 2030 está muy lejos del esfuerzo necesario que España debe hacer para conseguir que la temperatura media del planeta no suba más de 1,5ºC”, apuntó el científico.

Ruiz se ratificará en el informe presentado también como prueba por las organizaciones ecologistas sobre la relación entre el género y el cambio climático. “Las mujeres se muestran más favorables que los hombres a adoptar y apoyar la acción climática en general. Pero por su mayor situación de vulnerabilidad debido a la desigualdad estructural y otros factores, reciben un mayor impacto del cambio climático en su salud y condiciones de vida que los hombres. Estas evidencias están admitidas por la Administración pública española”, indicó.

Estos informes, junto a su ratificación se producirá este miércoles, son pilares esenciales en los que se apoya la demanda de las organizaciones ecologistas, que pretenden que la justicia les dé la razón y obligue al Gobierno a aumentar su ambición en las políticas de lucha contra el cambio climático.

Durante la comparecencia de ambos peritos, deberán responder a las preguntas aclaratorias sobre sus informes que les formule cualquiera de las partes procesales (abogados de las organizaciones ecologistas o Abogacía del Estado) o el propio Tribunal.

“Es un éxito que hayamos logrado que se practique esta prueba de forma oral. Cabe recordar que el objeto de enjuiciamiento de este procedimiento es una actuación adecuada del Gobierno de España en la lucha contra el cambio climático, así como su obligación de garantizar y proteger los derechos más esenciales de la ciudadanía y la viabilidad de tener una existencia digna en el futuro para los jóvenes de nuestro país”, subrayó Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España.

Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción, recalcó: “Nuestro litigio climático tiene una sólida base científica tanto en lo que respecta a las causas y consecuencias del cambio climático como a sus efectos de clase, es decir, el desigual impacto en función de las clases sociales y de género que está teniendo sobre nosotros”.

“El número de desastres relacionados con el clima se ha triplicado en 30 años y la mitad más pobre de la población mundial sólo es responsable del 10% de las emisiones causantes del cambio climático. Sin embargo, estas personas son quienes más sufren sus consecuencias: desplazamientos, hambre, desastres naturales y pérdida de medios de vida. Aunque a nivel global las poblaciones más vulnerables suelen estar en países de África, América y Asia, la crisis climática se va haciendo más presente en Europa y en España misma, y sigue la misma lógica de afectar más a las personas más vulnerables, quienes son las que menos contribuyen a esta crisis”, concluyó Lourdes Benavides, responsable de Clima y Resiliencia de Oxfam Intermón.