El año próximo se aplicarán las medidas relativas a la autonomía de los centros educativos, a la regulación de la dirección de los centros educativos públicos y a la creación de la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, cuestiones consideradas prioritarias por el Gobierno autonómico.

También antes de que acabe el año 2010, el Gobierno catalán tendrá que hacer la previsión económica necesaria para homologar las retribuciones del profesorado de la escuela concertada con las de la pública.

En los años sucesivos, el Gobierno tendrá que aprobar las diferentes normativas relativas a otros preceptos de la Ley de Educación, como por ejemplo la financiación de las escuelas concertadas, el mapa escolar, las plantillas y el profesorado, los servicios y el apoyo al alumnado y a los centros, las enseñanzas artísticas y el plan para la igualdad de género.

Para financiar todas las medidas previstas, la LEC va acompañada de una memoria económica aprobada por el Parlamento de Cataluña. Esta memoria prevé que, de aquí a cuatro años, el presupuesto anual que el Gobierno regional destina a educación aumente en 1.000 millones de euros, cifra que llegará a los 1.500 millones de aquí a ocho años.