Así lo declararon este viernes a los medios en la constitución del Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ), una iniciativa del grupo de trabajo de economía de Sol y de distintas asambleas de barrios que busca “investigar y llevar ante la justicia ordinaria el delito de estafa cometido por los banqueros” en la concesión de préstamos hipotecarios.

Según sus portavoces, la importancia de esta acción radica en “romper la sensación de impotencia entre los ciudadanos”, para que “se sientan capaces de que está en su mano cambiar las cosas y hacer que la crisis la paguen quienes la han causado, porque todos sabemos quiénes son”.

“Esto es lo que se reivindicará en las plazas a partir de mañana”, apuntó un portavoz, para quien “el caso de Bankia es solo un ejemplo más de la estafa y de cómo ésta ha generado la situación actual”.

En su opinión, lo que “de ninguna manera puede hacer el gobierno es meter dinero público sin investigar ni pedir responsabilidades a los culpables”.

Este tribunal y su jurado ciudadano funcionarán mediante grupos de trabajo y asambleas, e investigarán la sobretasación de inmuebles desde 2003 (aproximadamente) para mantener el ritmo de crecimiento en la concesión de hipotecas.

La clave reside en las cédulas hipotecarias (que el banco emisor puede enajenar a un tercero y recuperar así de inmediato el dinero prestado), que solo pueden cubrir el 80% del importe del préstamo concedido, explicaron.

Según su hipótesis, cuando en 2002 o 2003 disminuyó el número de personas que solicitaban una hipoteca (el baby boom de los 60 casi se había ya absorbido) los banqueros optaron por otorgar préstamos hipotecarios a ciudadanos sin suficientes avales y, además, se empezó a inflar la tasación de los inmuebles para aumentar la cuantía de las cédulas.

“Así llegamos a 2007”, cuando concluyó el plazo máximo de las cédulas otorgadas “durante la burbuja del 92”, subrayaron, y agregaron que desde entonces, los bancos no se prestan entre sí, porque nadie se fía de nadie.

Esto es lo que sostiene el TCJ, que implica en la estafa a banqueros (que cobran las comisiones por las hipotecas), bancos y tasadoras (dependientes de estos).

Mañana comenzará así la recogida de pruebas, por lo que desde el 15-M se animó a los ciudadanos a aportar toda aquella documentación que les ayude a probar el delito.

A su juicio, víctimas de la estafa “somos todos”, las personas a las que se concedió una hipoteca de forma irregular “y todos los ciudadanos, que vemos como nuestros impuestos se dedican a nutrir a los bancos mientras se debilitan servicios como la educación, la sanidad o los transportes”.

Se trata de recoger pruebas de que se concedieron hipotecas a personas sin recursos, de que las tasaciones se inflaron, etc., explicaron miembros del TCJ, que cuando termine “su investigación presentará todas sus conclusiones a la jurisdicción ordinaria para que juzgue a los responsables”.

“No puede ser que se vayan de rositas cobrando, además, indemnizaciones millonarias, porque sabemos quiénes son”, concluyeron.