En enero de 2021, explicó, se registró un censo de casi cuatro millones y medio de cerdos en estas explotaciones, frente a las 2.394.918 personas censadas en la comunidad autónoma, por lo que Pacma alerta que estos datos no se corresponden con el consumo de carne de sus habitantes.

Castilla y León es la tercera comunidad autónoma de España a la cabeza de macrogranjas, con más de 631 explotaciones porcinas y avícolas, y con 81 más en trámite, según los datos facilitados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

El partido animalista también recordó que, en ese último año, se sacrificaron en España más de 910 millones de animales para consumo humano, lo que supone 1.700 animales cada minuto y más que toda la población de la Unión Europea.

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica ha detectado en Castilla y León 110 acuíferos afectados por nitratos o en riesgo de estarlo debido a la explotación y cría de animales. La mayoría de estas aguas subterráneas afectadas se encuentran en Burgos, Segovia, Valladolid y Palencia.

Pacma calificó de “inadmisible e irresponsable” que el Gobierno de esta comunidad autónoma permita esta situación que perjudica a la tierra y al medioambiente. También lamentó que la Comisión Europea haya tenido que llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación por nitratos.

La Comisión Europea considera que los esfuerzos que han realizados las autoridades españolas han sido “insatisfactorias e insuficientes”. Además, en el informe señala que la ganadería fue la responsable de la emisión de 69,4 millones de toneladas de CO2 en España en 2019, con el sector porcino aglutinando el 50% de las mismas.