Díez quiere que la reforma de la Ley 40/1975 de 19 de noviembre contemple el apoyo al "derecho de la libre determinación de los pueblos colonizados, y en particular, al ejercicio de ese derecho por el pueblo saharaui como condición inexcusable para cualquier solución pacífica".

Tal derecho ha sido reiteradamente reconocido por las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en más de una docena de ocasiones, pero la posición del Gobierno español no es clara al respecto.

UPyD exige también que el Ejecutivo reconozca a las autoridades de la República Arabe Saharaui Democrática como "legítimas representantes del pueblo saharaui".

Del mismo modo, insiste en que se explicite el rechazo al uso de la fuerza como fórmula para la resolución del problema y la prohibición de todo tipo de injerencia unilateral en el proceso de resolución pacífica del conflicto del Sáhara Occidental.

Finalmente, la proposición insiste en que el Gobierno español se comprometa con la ayuda al desarrollo en la zona y promueva la colaboración hispano-saharahui tanto en territorio ocupado como en los campos de refugiados.