La coordinadora de esta área, Macarena Vallejo, explica este sábado en un comunicado que entre los objetivos de la campaña está denunciar que los "sucesivos recortes impuestos por el Gobierno del Partido Popular suponen no solo un retroceso en lo económico sino, principalmente, un recorte en los derechos de las personas".

"Se trata", detalla, "de un planteamiento ideológico, que bajo la excusa de la crisis económica sirve para excluir a gran parte de la ciudadanía a los servicios públicos más elementales, como son la sanidad y la educación".

Macarena Vallejo incide en que "esta forma de gestionar esta crisis ha tenido como consecuencia el aumento de las reacciones racistas y xenófobas, que han ido acompañadas de muestras sin escrúpulos de un 'racismo institucional' exacerbado, que ha servido para, por ejemplo, dejar sin acceso a la sanidad pública y a la educación superior a las personas de origen extranjero".

Además, esta situación se ve agravada con los Presupuestos Generales del Estado para 2013, los llamados "Presupuestos de la vergüenza", cuyo proyecto de ley ha sido aprobado en solitario por el PP en el Congreso y se encuentra ahora en la fase de debate de enmiendas.

"Desde IU rechazamos que estas cuentas públicas dediquen más dinero al pago de los intereses de la deuda -cerca de 38.000 millones de euros- que a financiar la cobertura de los derechos mínimos elementales de los ciudadanos y las ciudadanas", afirma Vallejo.

El lanzamiento de la campaña 'Gobiernan nuestras vidas. Organicemos la respuesta' -que contará con un impactante vídeo para su difusión en las redes sociales, así como elementos gráficos y cartelería propia- se ha hecho coincidir también con las Jornadas 'Derechos de Ciudadanía: Por una respuesta colectiva a los recortes', que hasta este sábado viene desarrollando IU.

En las mismas, los responsables de Izquierda Unida intercambiarán ideas y puntos de vista con los principales colectivos, asociaciones, ONG y sindicatos que defienden derechos concretos de la ciudadanía para trasladarlos al ámbito político e institucional.

La responsable federal de Migraciones señala que "es absolutamente inadmisible dejar a una persona sin derecho a la sanidad por el simple hecho de no tener regularizada la situación administrativa. Supone un grave riesgo para la vida de las personas y niega un derecho básico que debe ser universal.

De esta forma, los inmigrantes se convierten en el chivo expiatorio de esta crisis, se les estigmatiza y excluye del sistema público hasta llegar a señalarles como culpables ante la ciudadanía de los excesos de los poderes financieros".