Esta es la contundente conclusión del informe 'Infancia y justicia: una cuestión de derechos', presentado este lunes por la organización Save the Children y donde, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de los estándares internacionales en materia de justicia e infancia, denuncia que la justicia española suspende el examen sobre el respeto y garantía de los derechos de los niños.

Según explicó en rueda de prensa Yolanda Román, responsable de Incidencia Política de Save the Children, "la justicia española no trata bien a los niños", una cuestión de la que se hace eco el estudio realizado por la organización, que pone de relieve la falta de medios legales, humanos y materiales para garantizar los derechos de los menores.

Román añadió que la justicia española no está adaptada a los niños, no garantiza su derecho a ser escuchados y, si se les escucha, no se hace adecuadamente.

El informe desvela que el contacto de los menores con la justicia resulta traumático, doloroso y ridiculizador, produciéndose "violencia institucional" contra ellos, debido en gran parte al desconocimiento de sus derechos por parte de los operadores jurídicos.

Esta situación también obedece, según el estudio, a la falta de recursos especializados y adecuados para dar respuesta a situaciones judiciales en las que intervienen niños, ya sea en condición de víctimas o testigos de un delito, como infractores de la ley, en casos de crisis matrimoniales o de desamparo o con respecto a las leyes de extranjería, entre otras circunstancias.

Tal y como insistió la responsable de Incidencia Política de la organización, en ocasiones se somete a los menores a interrogatorios, declaraciones o exploraciones repetidas e inadecuadas que les exponen a una dolorosa revictimización.

"Los niños no siempre son tratados de acuerdo a su edad o estado madurativo, lo que puede generar en ellos confusión, temor o incluso culpabilidad. El derecho de los niños a ser debidamente escuchados durante los procedimientos, tanto judiciales como administrativos, y en los procesos en los que participan no se garantiza suficientemente y en muchos casos no se respeta", alerta el informe.

Save the Children considera urgente adecuar físicamente los espacios en los juzgados donde deben realizarse las entrevistas y donde deben esperar los niños, así como disponer del material técnico y audiovisual que permita llevar a cabo la participación del menor en los procesos sin tener que ver a su agresor ni prestar declaración en una sala llena de adultos desconocidos.

También ve igualmente necesario reforzar el número de fiscales especializados, jueces y personal técnico y garantizar su formación específica en derechos de infancia. "En el contexto económico y político actual en España no resulta atractivo pedir una mayor inversión en justicia, pero es urgente hacerlo", señaló Román.