Vivienda

El 29-N enfrenta dos modelos de vivienda: más regulación y parque público frente a más suelo y desregulación

MADRID
SERVIMEDIA

PSOE y Frente Amplio defienden en sus programas electorales para el próximo 29 de noviembre un modelo basado en la ampliación de la vivienda pública, la regulación del mercado y la intervención frente a la especulación, mientras que PP y Vox ponen el foco en la desregulación, la seguridad jurídica y el aumento de la oferta para facilitar el acceso a la vivienda.

El rechazo a las medidas incluidas en dos reales decretos-leyes relacionadas con la vivienda se convirtió en el motivo que encontró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para convocar elecciones generales.

Las cuatro principales candidaturas recogen en sus programas electorales, consultados por Servimedia, distintas medidas para atajar la principal preocupación de los españoles, según los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La primera gran diferencia entre ambos bloques aparece en torno a la Ley de Vivienda. PP y Vox proponen derogarla al considerar que ha generado inseguridad jurídica y ha reducido la oferta disponible en alquiler. Los populares plantean eliminar las zonas tensionadas y el índice estatal de referencia de precios, mientras que Vox vincula parte de su propuesta residencial al control migratorio, la prioridad nacional en el acceso a ayudas y vivienda protegida y la prohibición del alquiler a inmigrantes en situación irregular.

PSOE y Frente Amplio, por el contrario, reivindican la norma como el principal instrumento para garantizar el acceso a la vivienda. Los socialistas defienden ampliar la capacidad de intervención pública donde el mercado no garantice precios asequibles, mientras que Frente Amplio plantea reforzar todavía más los mecanismos regulatorios mediante la declaración automática de zonas tensionadas y una mayor participación directa de las administraciones en el mercado residencial.

VIVIENDA PÚBLICA

PSOE y Frente Amplio sitúan la ampliación de la vivienda pública en el centro de sus propuestas. Los socialistas se comprometen a movilizar anualmente el equivalente al 1% del PIB para vivienda, aumentar el parque público hasta acercarlo a la media europea y consolidar Casa 47 como instrumento estatal para gestionar suelo y vivienda asequible.

Además, plantean crear un parque estatal de 100.000 viviendas mediante construcción y adquisición de inmuebles, desarrollar un banco estatal de suelo, reforzar la colaboración con proveedores sociales y mantener de forma permanente la protección de las viviendas construidas con recursos públicos.

Frente Amplio propone una estrategia todavía más ambiciosa basada en dedicar también el 1% del PIB anual a vivienda e incorporar 1,5 millones de viviendas públicas en doce años hasta alcanzar el 20% del parque total en 2035. Para ello plantea combinar construcción directa, compra pública, movilización de vivienda vacía, tanteo y retracto, redensificación urbana y expropiaciones de grandes tenedores.

Asimismo, apuesta por impulsar cooperativas de vivienda en cesión de uso mediante financiación pública, cesión de suelo estatal y reconocimiento legal de los proveedores sociales de vivienda.

Por su parte, PP y Vox también incluyen medidas para ampliar la vivienda asequible y protegida mediante la movilización de suelo y fórmulas de colaboración público-privada, aunque sin situar la expansión del parque público en el centro de su estrategia.

SUELO, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

Los cuatro coinciden en la necesidad de aumentar la oferta de vivienda, aunque difieren en los instrumentos para lograrlo y en el papel que debe desempeñar el sector público.

El PP promete construir un millón de viviendas mediante la movilización de suelo público y privado, una nueva Ley del Suelo, la agilización de licencias y la reducción de cargas administrativas. Entre sus medidas figuran la transformación de oficinas y locales en viviendas, la construcción de vivienda social en suelo dotacional, el impulso a la vivienda industrializada y una mayor flexibilidad urbanística para favorecer la regeneración urbana.

Vox también propone reformar la Ley del Suelo, ampliar el suelo disponible, simplificar procedimientos y aumentar la construcción de vivienda nueva y protegida mediante subvenciones, avales, créditos blandos y colaboración público-privada.

El PSOE defiende incrementar la oferta combinando nueva construcción, movilización de suelo y rehabilitación del parque existente. Para ello plantea una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo, la financiación de promociones residenciales a través del ICO, la industrialización de la construcción y programas de formación para reforzar la capacidad del sector.

Asimismo, propone ampliar los programas de rehabilitación integral de viviendas y barrios para alcanzar al menos otras 550.000 viviendas renovadas, con especial atención a la accesibilidad y a las zonas urbanas más vulnerables.

Frente Amplio vincula el aumento de la oferta a una mayor intervención pública en el mercado. Su programa contempla reservar el 90% del suelo residencial para vivienda habitual, elevar al 40% las reservas obligatorias de vivienda protegida y desarrollar un plan de rehabilitación energética de 2,5 millones de viviendas durante la próxima década, financiado mayoritariamente con recursos públicos.

ALQUILER

PSOE y Frente Amplio defienden mantener y reforzar los mecanismos de regulación. Los socialistas proponen ampliar la duración de los contratos, congelar temporalmente determinadas rentas en zonas tensionadas, actualizar las deducciones para inquilinos, crear seguros públicos de impago para jóvenes y consolidar los incentivos fiscales para propietarios que reduzcan los precios.

También plantean desarrollar sistemas públicos de intermediación inspirados en experiencias autonómicas como la del País Vasco para movilizar vivienda vacía y ofrecer garantías tanto a propietarios como a inquilinos. A ello se suma un programa de gestión y rehabilitación de viviendas vacías cuyos propietarios las cedan al alquiler asequible, garantizando el cobro de las rentas y el mantenimiento de los inmuebles.

Frente Amplio propone medidas de mayor intervención, entre ellas contratos indefinidos por defecto, topes vinculados a la renta media de cada barrio, reducciones adicionales en mercados especialmente tensionados y la creación de una Agencia Estatal de la Vivienda con competencias inspectoras y sancionadoras.

La formación también plantea un registro obligatorio de contratos de alquiler, el reconocimiento legal de los sindicatos de inquilinos y una Carta Estatal de Derechos de las Personas Inquilinas.

PP y Vox rechazan los controles de precios y sostienen que la oferta debe crecer mediante seguridad jurídica e incentivos. Los populares plantean beneficios fiscales para propietarios que renueven contratos con incrementos inferiores al IPC y deducciones para los inquilinos, mientras que Vox propone incentivos fiscales al alquiler de larga duración.

COMPRA DE VIVIENDA

Las cuatro formaciones incorporan medidas para facilitar el acceso a la compra, especialmente entre los jóvenes.

El PP propone rebajar del 10% al 4% el IVA para la adquisición de la primera vivienda por menores de 40 años, ampliar los avales públicos para financiar la entrada hipotecaria y crear la denominada 'Hucha Hogar Joven' con ventajas fiscales para el ahorro.

Vox plantea un IVA del 0% para la primera vivienda nueva habitual, una bonificación del 100% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para vivienda usada y recuperar la deducción por adquisición de vivienda habitual.

El PSOE apuesta por ampliar el programa 'Tu Casa', dotado inicialmente con 10.000 millones de euros en préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para la compra de la primera vivienda.

Frente Amplio incorpora exenciones fiscales para primeras viviendas dentro de determinados límites de renta y precio, así como medidas de protección hipotecaria como una hipoteca pública a tipo fijo, la regulación de la dación en pago y ayudas para hogares especialmente afectados por el aumento de las cuotas.

ESPECULACIÓN Y GRANDES TENEDORES

El PSOE propone nuevos impuestos sobre viviendas vacías y otros activos inmobiliarios que no se destinen al alquiler asequible, mantener las limitaciones a determinadas operaciones especulativas y reforzar el control sobre fondos de inversión y grandes tenedores mediante registros específicos y obligaciones de transparencia.

Frente Amplio plantea una intervención más intensa mediante la prohibición de la compra de vivienda por fondos de inversión, socimis, bancos e inmobiliarias para usos distintos del alquiler asequible, la eliminación del régimen fiscal de las socimis, nuevos impuestos sobre la acumulación de vivienda y mecanismos de expropiación progresiva para determinados grandes tenedores.

Vox plantea además una fiscalidad agravada para compradores no comunitarios y determinadas operaciones especulativas, destinando la recaudación obtenida a ayudas a la compra y a la construcción de vivienda protegida.

PP y Vox rechazan nuevos impuestos sobre grandes propietarios y consideran que la prioridad debe ser generar confianza regulatoria para estimular la inversión y la construcción de vivienda. El PP sostiene además que la principal vía para contener los precios pasa por aumentar la oferta disponible.

PISOS TURÍSTICOS

El PSOE propone reforzar la lucha contra el fraude en los alquileres de corta duración, aumentar las inspecciones y permitir a los municipios establecer recargos sobre las pernoctaciones turísticas para financiar servicios públicos y políticas de vivienda.

Frente Amplio plantea la desaparición progresiva de las viviendas de uso turístico en las zonas tensionadas, mayores gravámenes fiscales y sanciones reforzadas para plataformas y operadores que incumplan la normativa.

Vox apuesta por regular la proliferación de viviendas turísticas y reforzar la inspección de los alojamientos ilegales, mientras que el PP aborda esta cuestión de forma más limitada dentro de su estrategia general de incremento de la oferta residencial.

DESAHUCIOS Y OCUPACIÓN

El PSOE propone mantener un marco estable de protección para personas vulnerables sin alternativa habitacional, habilitar mecanismos frente a las emergencias residenciales, garantizar que el coste de estas medidas no recaiga sobre los pequeños propietarios y que sea asumido por las administraciones públicas.

Frente Amplio plantea prohibir los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa residencial previa, obligar a los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales antes de acudir a los tribunales y habilitar mecanismos para que determinadas viviendas hipotecadas pasen a formar parte del parque público manteniendo a las familias en ellas mediante alquileres sociales.

PP y Vox sitúan el foco en la ocupación ilegal. Los populares prometen la recuperación de viviendas ocupadas en un plazo máximo de 48 horas por orden judicial, mientras que Vox rebaja ese plazo a menos de 24 horas, propone tipificar la denominada 'inquiocupación' como delito y endurecer las sanciones penales vinculadas a estas conductas.

REFORMA CONSTITUCIONAL

PSOE y Frente Amplio defienden reformar la Constitución para convertir el acceso a la vivienda en un derecho fundamental exigible ante los poderes públicos. Frente Amplio añade además el blindaje jurídico del parque público, la prevalencia de la función social de la propiedad y mayores garantías frente a desahucios y ejecuciones hipotecarias.

PP y Vox no plantean reformas constitucionales de este tipo y centran sus propuestas en la construcción de nuevas viviendas, la reducción de impuestos, la seguridad jurídica y el aumento de la oferta residencial.

(SERVIMEDIA)
22 Nov 2026
JMS/clc/fcm