Según afirma esta plataforma, a finales de 2010 una sentencia judicial puso encima de la mesa "el que para muchos era un secreto a voces": que entre Agbar y la Administración "ni hay adjudicación del servicio ni hay contrato", es decir, que "la actuación de Agbar en cuanto que concesionaria del servicio es una actuación ilegítima" y, por lo tanto, "el precio es ilegal".

Así, añade, se ponía en entredicho al Ayuntamiento de Barcelona, al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y a la empresa Agbar, cuyo "lucro indebido" era pagado por todos los ciudadanos. También, indica la plataforma, se cuestionaba que los gobernantes estuvieran velando por el interés general de la ciudadanía y por los servicios públicos de agua, que son garantía de los derechos fundamentales.

Según Agua es Vida, la propia sentencia constataba que nos encontramos ante "una quiebra generalizada de las garantías procedimentales que asisten a los usuarios del servicio".

Esta plataforma, después de haber intentado -indica- dialogar con el Ayuntamiento de Barcelona y de haber agotado todos los caminos de interlocución con el AMB, asegura que no ha conseguido ni una sola prueba que acredite la gestión llevada a cabo por Agbar en la ciudad catalana.

"La realidad de este hecho es muy grave, pues ni siquiera nos encontramos ante una adjudicación directa de dudosa legalidad (como podría ser la llevada a cabo con la empresa mixta del AMB), sino que Agbar podría haber estado operando sin permisos durante decenas de años en la ciudad condal y otros municipios con la total connivencia y supeditación del Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana", señalan estas organizaciones.

Ante el hecho de que podrían existir presuntos delitos penales, Agua es Vida ha decidido presentar este informe a la Fiscalía Anticorrupción, en el que, afirma en la nota, se ponen de relieve indicios de prevaricación del Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona, así como de apropiación indebida por parte de Agbar.

También se inicia una recogida de firmas 'online' para exigir el esclarecimiento de la situación de la gestión del agua y acabar con la posible corrupción vinculada a una necesidad básica. "Es necesario convertir el silencio de las administraciones en un grito ciudadano", aseguran las organizaciones.