Así consta en una propuesta de resolución registrada tras el Debate sobre la Nación que se debatirá el próximo martes en el Congreso de los Diputados.

El PP ha reunido de manera genérica en una única iniciativa todas las promesas de corrupción que Mariano Rajoy anunció durante su primer discurso en el Debate sobre el estado de la Nación del pasado miércoles.

Entre otras cosas, reclama aprobar una Ley Orgánica de Control de Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos "con nuevas exigencias como los procedimientos mínimos de aprobación de las cuentas y el papel de los responsables financieros de estas organizaciones".

Además, apuesta por una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas que constituya un verdadero Estatuto del Cargo Público y que defina cómo llevar a cabo "la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos y la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato".

Solicita "el establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos, la determinación y límites de los sistemas de protección social, la limitación de la compensación tras el cese y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses".

La propuesta de resolución reclama una reforma del Código Penal "para endurecer las penas previstas para todos los delitos relacionados con la corrupción, así como aumentar los plazos de prescripción de esos delitos".

Todo ello iría acompañado de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "para agilizar los procedimientos para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una codnena pública sin sentencia".

En el ámbito parlamentario, se pide adoptar "las medidas oportunas para regular las organizaciones de intereses o lobbies con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites".

Por último, propone que la futura Ley de Transparencia que está tramitando el Congreso de los Diputados incluya obligaciones no sólo para las administraciones públicas, sino también para los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales. La Casa Real queda fuera.