Según informó la Policía, los arrestados estaban infiltrados en una ONG española, a la que acuden represaliados por el país asiático a solicitar asilo. Los investigados comunicaban a los servicios secretos iraníes las identidades de personas que huían de su país a causa de motivos ideológicos.

Los arrestados son, en concreto, la asesora jurídica en Santander de la ONG investigada, mientras que en la embajada de Irán en Madrid han sido arrestados el intérprete y un trabajador de esta delegación diplomática.

Los tres detenidos son considerados integrantes de una red de espionaje controlada presuntamente por los servicios de inteligencia iraníes desde la sede de su propia embajada en Madrid. Se les acusa de vulnerar la confidencialidad sobre datos e informaciones de nacionales iraníes solicitantes del derecho de asilo en España.

El objetivo de esta red era monitorizar, perseguir e incluso amenazar a compatriotas residentes en España considerados disidentes del régimen teocrático iraní.

AMENAZAS

Al mismo tiempo, la Policía ha destapado las actividades de espionaje iraníes llevadas a cabo en una ONG de Torrelavega (Cantabria). Una ciudadana española, asesora jurídica de esta organización no gubernamental, recomendaba a los solicitantes de asilo la intervención durante el proceso de un intérprete en concreto.

Este traductor supuestamente ponía en conocimiento de los servicios secretos iraníes operativos en la embajada en Madrid, información personal sobre las solicitudes de asilo de ciudadanos iraníes que se tramitaban a través de esta ONG.

Este proceso de divulgación de datos vulnera la obligación de confidencialidad que sobre los mismos, y por motivos de seguridad personal, recoge la ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria.

Finalmente, tal y como se ha podido constatar en el transcurso de la operación policial, los disidentes solicitantes de asilo en España y sus familias en nuestro país y especialmente en el de origen, eran sometidos a amenazas de todo tipo. La presión la ejercía, presumiblemente, los servicios secretos iraníes, de tal manera que se ha constatado, incluso, la posibilidad de un delito de detención ilegal en el interior de la embajada de Irán en Madrid.