Pese a que hay autonomías que no han regulado, lo que deja a estas licencias sin autorización para realizar servicios urbanos, Madrid y Cataluña, las comunidades con mayor presencia de estos vehículos, ya han regulado. También Andalucía, que tiene muchas licencias, lo ha hecho esta misma semana.

En los casos en que no se haya regulado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y agenda Urbana dará respuesta a todos los recursos presentados y para ello analizará si este periodo de gracia de cuatro años ha sido suficiente para que los propietarios de las licencias hayan amortizado su inversión.

El conocido como decreto Ábalos habilitó a las comunidades autónomas a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional para los servicios en su territorio, incluyendo condiciones como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.

También determinó que las VTC de ámbito nacional habilitaban exclusivamente para realizar transporte interurbano de viajeros, excluyendo el transporte urbano, al finalizar este periodo transitorio de cuatro años.

Por ello, el Ejecutivo considera que las comunidades autónomas o los ayuntamientos han dispuesto de tiempo suficiente para valorar y finalmente aprobar la regulación que consideren más adecuada para la prestación de los servicios, incluyendo posibles prórrogas al plazo inicial de cuatro años establecido en septiembre de 2018.