Este anteproyecto de ley busca establecer un marco jurídico en la legislación española para el almacenamiento geológico de dióxido de carbono en condiciones seguras para las personas, las instalaciones y el medio ambiente, con el fin de contribuir a la lucha contra el cambio climático.

En declaraciones a Servimedia, la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, explicó que, “desde el punto de vista teórico, equivale a lo que se hace con los almacenamientos de gas”.

“Hay una estructura geológica donde se inyecta algo, en condiciones de seguridad, para que quede retenido durante muchísimo tiempo, sin ningún tipo de riesgo de fuga y siendo monitorizado permanentemente”, señaló.

Sin embargo, aclaró que ese régimen de seguridad ha de “convivir y ser congruente” con la contabilidad, informe y verificación del sistema de comercio de derechos de emisión (ya que cada tonelada allí confinada de CO2 descuenta del total del inventario nacional), lo que “afecta a distintas funciones y competencias del Estado y las comunidades autónomas”.

Por esta razón, “el texto que salió a información pública” hace meses ha requerido “la introducción de más matices”, por lo que “se ha ultimado una nueva versión donde queda mejor resuelto”.

Para avanzar hacia la transposición de la directiva, el Ejecutivo tiene previsto mantener este lunes, día 30, una reunión con las comunidades autónomas, para “avanzar en el texto”.

La intención del Gobierno es que el texto “pase por Consejo de Ministros antes de fin de año” y enviarlo posteriormente a Consejo de Estado para que “entre enero y principios de febrero pueda remitirse a las Cortes”.