Castro ha decidido en consecuencia citar a declarar en calidad de imputada a “Cristina de Borbón y Grecia” para el próximo 27 de abril a las 10.00 horas, según consta en el auto dictado hoy por el magistrado. Considera que la hija del Rey podría ser cooperadora necesaria de los delitos cometidos por Urdangarin y Torres -falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración y prevaricación-, que en conjunto podrían acarrear una condena de hasta 20 años de cárcel.

El magistrado señala que la presencia de la hija del Rey en Nóos, un nombramiento que no respondía “a sus capacidades”, provocó que el organismo obtuviera un trato “privilegiado de las administraciones públicas que, en atención a ello, prescindían de los cauces y controles administrativos que eran de rigor”. Castro añade que la infanta disfrutó “junto a su marido de los beneficios obtenidos”.

El juez también ve difícil que Urdangarin “actuara de espaldas a su esposa” cuando, por ejemplo, el convenio para la celebración del Illes Balears Forum “tuvo lugar en el Palacio de Marivent”, residencia de la familia real en Palma de Mallorca, y que el contrato para los Valencia Summit se habría cerrado “en el Palacio de la Zarzuela”.

JUSTICIA “PARA TODOS”

El juez señaló en el auto dictado hoy, de 18 folios, que no imputar a la infanta sería “un descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos”. El instructor cree que “conviene despejar” las dudas sobre el papel de la infanta Cristina “antes de finalizar la instrucción” ya que dejar “que la incógnita se perpetúe sería un cierre en falso”.

La imputación ha contado con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, que podría recurrir la decisión.

La infanta Cristina deberá por lo tanto comparecer el sábado 27 de abril en los Juzgados de Palma de Mallorca para ser interrogada por su relación con el Instituto Nóos, organismo del que fue vocal del Consejo de Administración. También deberá explicar su papel en la empresa Aizóon, la empresa que comparte con Urdangarin y con la que, según los investigadores, se desvió al extranjero parte del dinero captado por la trama.

La resolución dictada hoy, de hecho, adelanta que Castro preguntará a la hija del Rey sobre su intervención” en el Instituto Nóos y en Aizóon así como sobre “el manejo y destino de los fondos derivados de las mismas y las cuestiones que razonablemente se desprendan”.

ACUMULACIÓN DE INDICIOS

El juez detalla en su auto un total de 14 indicios encontrados contra la hija del Rey. Entre estas pruebas destaca la última remesa de correos electrónicos entregados por Torres, y que revelan que el duque de Palma consultó con su mujer algunos de los trabajos del Instituto Nóos. El yerno del Rey trató sin éxito de apartar estos correos de la causa. Entre estos ‘mails’ destaca uno enviado por Urdangarin a su mujer en febrero de 2003: “Aprovecho que estás conectada para enviarte una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar. Hay dos versiones. Clientes, colaboradores y amigos. Léelo y dime que piensas please…ciao”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca también utiliza como indicio los correos electrónicos enviados por Urdangarin entre diciembre de 2002 y julio de 2003 y en los que se detalla la génesis del Instituto Nóos y que demostrarían que esta operación contó “con el conocimiento y apoyo” de la infanta.

Otro de los elementos hace referencia al conocimiento que el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, tenía de las actividades de Urdangarin. Castro señala en este sentido que “no se acaba de entender que, cuando menos, no participara a Cristina de Borbón que su esposo estaba obteniendo un trato privilegiado”.

Castro también cree que, si el Rey llegó finalmente a enterarse de las actividades de Urdangarin, “no se acaba de entender que su hija, con un conocimiento mucho más directo y real, no llegara a enterarse y de propia iniciativa no hubiera decidido desvincularse formal y efectivamente” del Instituto Nóos.

“No se acaba de entender que el Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar a su marido e incluso consensuara con ella su alcance y propósito”, señala el auto.

IRREGULARIDADES DE AIZÓON

Otro de los indicios utilizados por el instructor del ‘caso Nóos’ son los cargos de gastos personales que se hicieron sobre las cuentas de Aizóon.

El juez también destaca como prueba el hecho de que Urdangarin y la infanta dieron de alta como administrativos de Aizóon a los empleados del hogar que trabajaban en su chalé del barrio barcelonés de Pedralbes. Uno de estos empleados, que se encontraba en situación irregular en España, señaló en su declaración que en la entrevista de trabajo, en la que estuvo presente la hija del Rey, se le advirtió de que cobraría en negro. Este episodio hace pensar que la infanta sabía que Aizóon “estaba siendo utilizada a fines ilícitos”.

El juez reconoce que no existen pruebas de que la hija del Rey “interviniera activa y decididamente en la gestión cotidiana”, pero señala de la “valoración en conjunto” de todos los indicios detallados se desprende que la infanta al menos si se prestó a que el Instituto Nóos utilizara su nombre y cargo para captar clientes.

“Sobre tales indicios deviene inevitable que Cristina de Borbón y Grecia preste declaración al objeto y que, si ese fuere el caso, se despeje cualquier duda”, se indica en la resolución.

Urdangarin, en su declaración del pasado 25 de febrero, trató de desvincular a la Casa Real, en especial a su esposa, de sus negocios tanto a través del Instituto Nóos como, posteriormente, por medio de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.

Además de Urdangarin, han declarado ya los miembros de la Casa Real Carlos García Revenga y el conde de Fontao, José Manuel Romero, asesor jurídico, este último en calidad de testigo.

Castro también aprovecha su resolución para justificar el no haber citado a declarar a la infanta hasta ahora “a pesar de la extrañeza y suspicacia” que este extremo ha generado. Explica asimismo que no ha querido citar a Cristina como testigo ya que esta condición, con la que se tiene la obligación de decir la verdad, podría haberla perjudicado.