Así consta en el dictamen hecho público hoy por el Consejo Económico y Social que pide al Gobierno que realice un cálculo de cuál sería el coste para las arcas públicas.

El CES comparte los propósitos de la futura ley para garantizar la unidad de mercado, mediante la eliminación de las distorsiones y duplicidades "que desincentivan de manera injustificada la iniciativa empresarial y la generación de empleo".

"La norma puede ser de difícil aplicación y dar lugar a una gran litigiosidad porque afecta a un buen número de competencias autonómicas y locales", subraya el dictamen.

En este sentido, el CES alerta de otras "numerosas indeterminaciones" del anteproyecto "que pueden generar inseguridad jurídica". Así, el CES echa en falta una mayor definición del alcance de la norma, que establezca los sectores y actividades económicas afectados por la nueva regulación.

Por otra parte, el CES solicita que, dada la importancia del objetivo de garantizar la unidad de mercado, se tenga en cuenta de forma explícita la necesidad de la participación de los interlocutores económicos y sociales en todo el proceso.