Hernández Viguera, que participó hoy en Servimedia en un debate sobre los paraísos fiscales, dijo que estas sociedades son "una pura ficción jurídica". Además, señaló que el observatorio Tax Justice Network, del que Hernández Viguera es cofundador, reclama que, en los informes anuales que presentan las sociedades anónimas, "además de incluir las sociedades o filiales que tienen en paraísos fiscales, donde el único dato que facilitan es la aportación de capital, reflejen el volumen de actividad o la tributación que han rendido en ese país". "Esto permitiría facilitar la persecución de delito fiscal", remató.

Respecto a la promesa hecha por el presidente de Francia, François Hollande, de trabajar para erradicar los paraísos fiscales, Hernández

Vigueras opinó que se trata de una "cortina de humo, ante la imposibilidad manifiesta de regular los flujos financieros internacionales" y que detrás de estos territorios de baja tributación "esté el peso de la banca, sobre todo europea, que ha diseñado esta 'no regulación'".

Por su parte, el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, que también intervino en el debate, lamentó que la política de los gobiernos de la UE frente a los paraísos fiscales a menudo se reduzca a meras declaraciones de intenciones. "En esta cuestión de los paraísos fiscales, todo son declaraciones pero estamos asistiendo a un 'pim pam pum' en el cual la UE culpa a los países mientras cada Gobierno dice que es necesario un acuerdo", afirmó Cruzado, quien añadió que "los gobiernos siempre se escudan en la dificultad de luchar de forma unilateral y en el tiempo que llevan estos acuerdos multilaterales".

El presidente de Gestha también se refirió a la carta que los ministros de Economía y Hacienda de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España enviaron a la Comisión Europea el pasado 9 de abril, para reclamar un sistema automático de intercambio de información bancaria. Cruzado dijo que le parece una "iniciativa loable" pero que le "choca que entre esos países está España, que ha aprobado dentro de casa la regulación de las entidades de tenencia de valores extranjeros, la amnistía fiscal o la exención de tributación de los no residentes que inviertan en la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocida como 'banco malo'".