Con esta nueva iniciativa legislativa, el Gobierno persigue poner los cimientos para que España pueda cambiar su modelo productivo, excesivamente basado en la construcción, en un plazo de diez años.

Las primeras reacciones a este proyecto, que el Ejecutivo pretende que sea uno de los puntales de lo que queda de legislatura, coinciden en considerar la denominada ley de economía sostenible como una amalgama de medidas, que pese a poder tener efectos positivos, están poco cohesionadas entre sí.

Se trata de un conjunto de reformas estructurales que facilitarán que las empresas y los agentes económicos españoles orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental.

Algunas medidas concretas son la reducción de los plazos de pago, la retirada de incentivos a la compra de vivienda, la reforma de los organismos reguladores y la obligación de someter a la aprobación de las juntas de accionistas la retribución de los altos directivos.