Gómez Bermúdez ha remitido asimismo un oficio al presidente del Congreso, Jesús Posada, en el que le pide que le informe si la acción de protesta ha alterado el funcionamiento de la Cámara Baja, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional.

En el auto redactado por el magistrado no se especifica ningún delito contra los detenidos. La Policía les había atribuido un delito contra las altas instituciones del Estado.

“Queríamos poner de manifiesto que esta Ley de Costas supone una destrucción del medio ambiente”, explicó a su salida de la Audiencia Nacional Juande Fernández, uno de los detenidos.

En los interrogatorios, que han durado poco más de una hora, Gómez Bermúdez les ha preguntado cuales habían sido sus motivaciones y que pretendían con la acción, según explicó José Manuel Marraco, uno de sus abogados. “Ha quedado claro que lo que se ha hecho por parte de los manifestantes ha sido ejercer su derecho a la libertad de expresión y defender el derecho al medio ambiente, no ha habido ninguna perturbación del orden en Las Cortes”, señaló el letrado.

ESCALAR EL CONGRESO

Los detenidos participaron en la acción en la que tres de ellos se encaramaron a lo alto de la fachada principal del Congreso para desplegar una pancarta contra la modificación de la Ley de Costas, que ha sido aprobada esta mañana. En la pancarta se podía leer “El PP vende nuestra costa”. Los otros cinco activistas arrestados, de forma paralela, desplegaron otra pancarta en la acera, frente a la Cámara Baja.

Los arrestados llegaron sobre las 19.20 horas a la Audiencia Nacional, a donde fueron trasladados desde la comisaría del barrio madrileño de Moratalaz a bordo de dos furgones de la Policía Nacional. Los arrestados esperaron en los calabozos del órgano jurídico hasta que fueron llevados ante el juez.

Juande Fernández reconoció que a los activistas les ha sorprendido que se les trasladase a la Audiencia Nacional. La Policía Nacional decidió transferir a los detenidos a este órgano y no a los juzgados ordinarios de Madrid al entender que podrían haber cometido un delito contra las altas instituciones del Estado.

Este delito, recogido en el artículo 493 del Código Penal, establece penas de entre tres y cinco años de prisión para aquellos que “invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos”.

El activista arrestado dijo que el trato que han recibido por parte de la policía “ha sido muy correcto” y explicó decidieron poner punto y final a su protesta cuando se percataron de que los agentes del Congreso no tenían el material adecuado para acceder a ellos y podían ponerse en peligro.

PANCARTA CONTRA LA LEY

Los arrestados llegaron a las inmediaciones de la sede parlamentaria en una furgoneta, que aparcaron junto a las casetas de obra que hay en el lugar ya que el Congreso está restaurando su fachada. Acto seguido, tres de ellos saltaron desde el techo de la furgoneta a las casetas de obra y treparon por el andamio que cubre la fachada del Congreso. Los jóvenes intentaron desplegar una pancarta contra la Ley de Costas, momento en el que fueron detenidos y trasladados a la comisaría de la Cámara Baja.

Esta acción de los miembros de la ONG ecologista se produjo coincidiendo con el debate en el hemiciclo de la Ley de Costas. Greenpeace ha venido expresando su oposición a esta norma y ha asegurado que la misma tendrá "graves consecuencias" en la seguridad de las personas.

Esta organización ha acusado al Gobierno y al PP de "seguir rebajando la protección ambiental de la costa" y favorecer su privatización. En este sentido, la asociación ha criticado que se pretenda reducir la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos o la desprotección de salinas y dunas no necesarias para el mantenimiento de la playa.