Esta es la principal conclusión del informe ‘Fiscalidad diferenciada para los combustibles renovables’, que fue presentado este lunes en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

El acto de presentación puso sobre la mesa la situación de contradicción fiscal que existe actualmente en España, ya que los combustibles renovables tributan al mismo nivel que los combustibles de origen mineral, a pesar de que reducen emisiones hasta un 87%, como ha certificado la iniciativa Tour d’Europe a través del sistema de trazabilidad y certificación Digital Fuel Twin.

Por ello, el documento define dos escenarios realistas de acuerdo con el marco legal vigente, que implican rebajas en los precios de los combustibles renovables superiores al 38% en el diésel renovable y al 33% en la gasolina renovable, a partir de la reducción del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos ( IEH), siguiendo una de las dinámicas del actual Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio para hacer frente al alza de los carburantes como consecuencia de la guerra de Irán.

En concreto, el escenario de transición inmediata se basa en la incorporación de un incentivo fiscal vinculado al porcentaje de carburante renovable en las mezclas, mientras que el escenario de transición progresiva hacia una fiscalidad basada en emisiones, establece un incentivo vinculado a la reducción de emisiones.

A este respecto, la portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables, Inés Cardenal, destacó que “estos escenarios permitirían alinear nuestro ordenamiento jurídico con las recomendaciones del Informe Letta, con la propuesta de reforma de la Directiva de Fiscalidad de la Energía y con la mayoría de nuestros socios europeos, porque España no puede seguir siendo una excepción en Europa”.

La Plataforma lamenta que mientras los combustibles renovables carecen de incentivos, existen beneficios fiscales y ayudas directas para los vehículos electrificados y de hidrógeno ( cero emisiones de CO2 por el tubo de escape).

En consecuencia, los 32 miembros de la Plataforma instan al Gobierno de España a avanzar en un marco fiscal que reconozca la reducción de emisiones de los combustibles renovables y, con ello, se pueda incentivar su consumo.

La Plataforma está compuesta por 32 entidades que representan a más de 348.700 empresas de todo tipo, desde multinacionales a micropymes y autónomos. Todas ellas generan más de 5,9 millones de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos.