La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, presentó en rueda de prensa una proposición de ley ya registrada para reformar el Reglamento de la Cámara en los artículos que regulan la presentación y debate de las interpelaciones al Gobierno.

Quieren introducir un nuevo apartado en el artículo 180 para que los grupos puedan presentar mociones expresamente dirigidas al presidente del Gobierno, y un artículo 183 bis para que esté obligado a responderla y no pueda delegarla en ningún otro miembro del Ejecutivo.

La reforma del artículo 184 pretende que cuando la interpelación al presidente o a un ministro verse sobre algo “tan grave” como haber mentido ante al Parlamento, la moción consecuente para reprobarle sea votada 24 horas después de su presentación.

Creen que esa reforma es “absolutamente necesaria” a la vista de los hechos, de la “negativa y la cobardía” del presidente ante las informaciones sobre el ex tesorero del PP.

Mientras se debate esa reforma, los socialistas pedirán en la próxima Diputación Permanente la convocatoria de una sesión extraordinaria del pleno para interpelar al presidente, aunque con el Reglamento vigente puede ser contestada por cualquier miembro del Gobierno.

Al margen de quién sea el miembro del Gobierno que responda esa interpelación, en la moción posterior los socialistas incluirán la reprobación de Rajoy para que sea debatida y votada.

Subrayan que el presidente compareció “arrastrado” por el anuncio de una moción de censura, se centró en culpar de todo a un ex tesorero “infiel en el que un día confió”, pero después Dolores de Cospedal dijo ante el juez que Rajoy había pactado con Bárcenas sus condiciones laborales y ella fue solo “la mano ejecutora”.

Creen que esa mentira al Parlamento no puede quedar impune y que debido a ello Rajoy “no puede seguir ocupando su puesto”, y anuncian para ello “todas las iniciativas que sean precisas” sin descartar ninguna, tampoco la presentación de una moción de censura.

Los socialistas asumen que con la legislación vigente la reprobación solo tiene consecuencias políticas, pero no descartan impulsar una reforma de la Constitución para que, en ese caso, el presidente tenga la obligación legal de dimitir inmediatamente.

Los socialistas creen que la investigación judicial está “acreditando” que durante décadas el PP “operaba con una contabilidad distinta, B, al margen de la limpia, la que presentaba al Tribunal de Cuentas”, y que, parafraseando lo que decía Rajoy pero al revés, “todo es verdad salvo alguna cosa”.

Respaldó de esa forma al secretario de Organización del PSOE, Óscar López, al que el dirigente del PP Carlos Floriano amenazó con una demanda por asegurar que en el PP había una “caja B”.

Soraya Rodríguez respaldó a López y aseguró que probablemente Floriano tendrá que ir a los tribunales pero para declarar, porque su nombre está en la lista de cuarenta dirigentes que, supuestamente, se repartieron más de 22 millones de euros en sobresueldos sin declarar.