En un comunicado, el sindicato alertó del “deterioro importantísimo en la calidad de la atención a las personas discapacitadas y en las condiciones laborales de sus trabajadores” que producirá esta medida.

Según los nuevos módulos publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad, el Gobierno regional reducirá el precio que paga por una plaza diaria en estos centros, en especial cuando el usuario no se halle en ellos por enfermedad, vacaciones, etc.

En estos casos el precio de la plaza caerá hasta en un 75%, señaló UGT.

En su opinión, ello supondrá un aumento de las ratios de discapacitados por profesional (sobre todo psicólogos, trabajadores sociales y maestros de taller), lo que mermará “la calidad de la atención recibida” y pondrá en riesgo “el modelo de inclusión social”.

Se podría llegar a una situación de “centros atestados”, donde además “se abre una puerta a que las familias paguen cuotas a fin de mantener todos los servicios”, destacó el sindicato.

Asimismo, denunció el deterioro en las condiciones laborales de estos trabajadores, y resaltó el “ahogo económico” que a su juicio “sufren los centros de atención a la discapacidad” de Madrid.

El sindicato reiteró su rechazo a la aplicación de la nueva normativa y anunció que llevará a cabo “las medidas necesarias para salvaguardar el sector”.