Asimismo, aseguró que se trata de conseguir normas de convivencia estables que perduren en el tiempo y fragüen y consigan una unanimidad acorde con la sensibilización social que requiere la atención a la discapacidad.

En este sentido, Manzano informó de que no hay una fecha cerrada para la entrada en el Parlamento de ambas leyes porque esta cuestión, según aseguró, "depende del Ejecutivo, que lo hará en el momento que las tenga preparados y cerrados”.

"La de servicios sociales me consta que está bastante más avanzada y la de discapacidad me consta que el Ejecutivo se va a poner a trabajar inmediatamente en las próxima semanas", explicó, al mismo tiempo que añadió que, en el momento que entren las leyes en la Cámara, se apostará por darle la tramitación "más rápida que sea posible", para que puedan estar en vigor "lo antes posible", tanto la una como la otra.

Por su parte, el presidente del Cermi, Extremadura Manuel González, mostró su satisfacción con la participación de la entidad que preside en las normas sobre discapacidad y servicios sociales, algo que, a su juicio, “favorecerá que no nazcan impuestas, sino desde la propia necesidad y el conocimiento de la problemática de la discapacidad".

También informó de que ha trasladado a la Cámara legislativa extremeña la reivindicación de establecer un pacto por un modelo económico sostenible de atención a la discapacidad en Extremadura, y alertó de actualmente las asociaciones de personas con discapacidad “vienen dando un servicio de atención, el cual está siendo pagado por debajo de los costes reales por parte de la Administración”.

Para él, es por ello que se hace “necesario” establecer este pacto para la consecución de una estabilidad presupuestaria en favor del movimiento asociativo de la discapacidad, tal y como ha venido reivindicando el Comité extremeño desde hace años.

Los representantes parlamentarios coincidieron en su apoyo a las personas con discapacidad y sus familias de Extremadura. El portavoz del PP, Miguel Cantero, por su parte, defendió que la atención a la discapacidad y los servicios sociales son "derechos" que deben ser protegidos y deben ser cumplidos.

El portavoz socialista Valentín García manifestó su compromiso por introducir las demandas del Cermi extremeño en ambas normas, así como que las cuentas autonómicas de 2014 sean las primeras en las que se consensue y haya un "marco estable" para la atención a la discapacidad en Extremadura.