El Consejo de Ministros recibió hoy un informe sobre el anteproyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono en España.

Según dijo la ONG a Servimedia, entre sus “riesgos medioambientales” se encuentra la posibilidad de que se produzca una “emisión lenta y a largo plazo” de CO2 en los lugares de almacenamiento, a través de fallas y grietas geológicas, o de fugas puntuales, con el consiguiente “escape a gran escala” de dióxido de carbono por grietas en los pozos de inyección.

Los ecologistas señalan también la posibilidad de que se produzcan escapes de CO2 en las aguas subterráneas poco profundas o de que “se liberen otros gases y materiales nocivos capturados con la corriente de dióxido de carbono”. Greenpeace cree que si el CO2 de estos depósitos alcanza la superficie y las concentraciones son elevadas, “se pondrían en peligro vidas humanas”.

Por otra parte, critican su “elevado coste” ya que, según estima Greenpeace, “supone un aumento del 40 al 80% de los gastos de generación de energía respecto de los gastos de las centrales eléctricas convencionales”, dependiendo de la localización de las instalaciones y el lugar del almacenaje, el transporte y la tecnología de captura utilizada.

La posibilidad de realizar también almacenamiento de CO2 en océanos podría, según indican, “acelerar enormemente la acidificación (reducción del pH) de grandes áreas”, lo que “sería perjudicial para muchos organismos y ecosistemas enteros”.

Los ecologistas se oponen a que se dé “prioridad financiera o política” a esta técnica, frente a “soluciones reales como la promoción de las energías renovables o de la eficiencia energética”.