El Gobierno acometió obligatoriamente la reforma de esta ley para incorporar varias sentencias del Tribunal Constitucional y directivas comunitarias.

La ley, publicada este sábado el Boletín Oficial del Estado, fue aprobada en el Congreso el pasado 26 de noviembre con los votos favorables del PSOE, CiU y CC; el rechazo del PP, PNV (que al principio mostró su apoyo), ERC, IU-ICV y UPyD, y la abstención del BNG.

La nueva norma autoriza la concesión de residencia para las inmigrantes irregulares que denuncien una agresión y obtengan una orden de protección.

Además, castiga con una multa de hasta 10.000 euros a quienes promuevan la permanencia irregular de un extranjero y los empresarios que contraten a inmigrantes irregulares deberán pagar la repatriación de éstos.

Al final del último debate parlamentario y antes de la aprobación definitiva de la ley, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, indicó que la norma aboga por la inmigración regular, dentro de una política europea de inmigración y desarrollo, para "construir una sociedad diversa y plural".

El mismo día de la aprobación de la ley en el Congreso, varias ONG y asociaciones de inmigrantes, entre ellas la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), SOS Racismo Madrid y la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España, enviaron a los diputados una carta en la que expresan su rechazo a la nueva Ley de Extranjería.