De acuerdo con la declaración hecha pública, las entidades participantes, entre las que se encuentran Barclays, BBVA, Credit Suisse, ING Bank, RBS, UBS y UniCredit, señalan que se han puesto de acuerdo en el “valor de lo que significan los Principios Rectores", así como la complejidad que supone el tratamiento de estos temas.

El documento está centrado en lo que suponen y significan los derechos humanos para los bancos en la práctica, y ofrece soluciones pragmáticas sobre como incorporar estos derechos en el centro de sus actividades con el objetivo de mitigar impactos y riesgos negativos, así como promover buenas prácticas.

En concreto se centra en los Principios Rectores del 16 al 21, relacionados con la responsabilidad empresas de respecto de este tipo de derechos, y su sugiere un enfoque para la evaluación de riesgos a través de una debida diligencia a la medida, que puede ser realizada en las actividades propias del negocio de banca, bien sea universal, banca minorista y privada, corporativa y banca de inversión y gestión de activos.

En sus conclusiones se afirma que los bancos deben integrar los derechos humanos dentro de sus sistemas de gestión de riesgos y procedimientos de gobernanza; además aconseja monitorear los riesgos en toda la relación con el cliente o los préstamos, por ejemplo, mediante la inclusión de consideraciones específicas; identificar y establecer relaciones con especialistas en la materia; y ser transparente en lo que respecta a las políticas y procedimientos establecidos para gestionar los riesgos, entre otras medidas.