La construcción del almacén de gas natural submarino más grande de España se contemplaba en el plan estratégico para la electricidad y el gas 2008-2016. El Gobierno lo consideraba una decisión estratégica para el sistema gasista español y sus intereses energéticos puesto que suponía disponer de reservas que garanticen el suministro de gas durante un periodo de tres meses.

Este depósito se planificó para cubrir con sus reservas entre un 30% y un 40% la demanda diaria de gas natural durante unos 50 días. El proyecto Castor intentaba crear un almacén subterráneo de gas natural aprovechando la estructura geológica del antiguo yacimiento petrolífero de Amposta del que la Compañía Shell extrajo 56 millones de barriles de petróleo pesado entre 1973 y 1989.

Asentado sobre una falla activa de 51 kilómetros en el subsuelo del mar Mediterráneo, a 1.700 metros de profundidad y 22 kilómetros de Alcanar y Vinaroz, el complejo Castor consta de una plataforma de proceso (almacenamiento, inyección y extracción del gas natural) conectada con la planta de operaciones mediante un gasoducto de 30 km de longitud total.

Pese a las numerosas las quejas, alegaciones y demandas de particulares, ayuntamientos, instituciones, partidos políticos, vecinos y entidades sociales, el proyecto logró las 42 autorizaciones administrativas necesarias para su puesta en marcha en un tiempo record de tres años.

El pasado 9 de septiembre, explica ERC en su exposición de motivos, se registraron los primeros seísmos delante de la costa del Delta del Ebro, Alcanar y Vinaroz. Desde entonces y hasta finales de octubre han sido más de 550 los terremotos registrados. El de mayor intensidad alcanzó los 4,2 grados en la escala de Richter.

Esquerra denuncia la “opacidad y falta de información” en todo el proceso y en especial cuando comenzaron los seismos en la zona y cuestiona porqué no se tuvieron en cuenta los riesgos sismológicos, pese a que distintos organismos científicos había alertado sobre la posiblidad de terremotos.

Preguntas sobre la viabilidad económica y medioambiental del proyecto, las posibles fugas de gas metano, o el mantenimiento de un proyecto que estaba pensado para atender una demanda gasista que ahora está en descenso por la crisis, podrían plantearse durante los trabajos de investigación de la subcomisión.

Para Esquerra, la duda que se plantea en estos momentos es qué puede pasar si la planta no vuelve a entrar en funcionamiento. ¿Podrá Escal UGS acogerse a las cláusulas de concesión que harían posible permitir retirarse en cualquier momento y dejar la instalación al Estado reclamando una compensación por recuperar el capital y devolver las deudas contraídas?, se pregunta el portavoz.

Por todo ello, ERC pide la creación de una subcomisión para revisar el procedimiento seguido para la autorización del proyecto Castor, evaluar la eficiencia y, en su caso, la carencia de los informes requeridos y de la evaluación del impacto ambiental y analizar la actuación de la Administración y las empresa respecto a la previsión sismológica y otros posibles riesgos.

Además, esa subcomisión, que debería tener finalizado su informe en el plazo de seis meses tendria que que analizar la viabilidad económica y financiera del proyecto, señalar responsabilidades técnicas y políticas por lo sucedido, estudial las consecuencias del procedimiento de autorización, evaluar la necesidad gasística del Estado y calibrar el futuro del proyecto Castor.

Finalmente, Esquerra pide que la subcomisión parlametnaria proponga al Gobierno la adopción de las medidas para evitar situaciones similares.