En noviembre de 2012 la Comisión Europea adoptó una propuesta de Directiva que fija un objetivo mínimo del 40% para los miembros no ejecutivos del género menos representado en el consejo de administración de las empresas cotizadas en bolsa en Europa para 2020, o para 2018 en el caso de las empresas públicas cotizadas.

De acuerdo con la propuesta, si una empresa que cotiza en bolsa en Europa no tiene la mencionada cuota entre sus administradores no ejecutivos, se le exigirá que introduzca un nuevo procedimiento de selección para los miembros de su consejo de administración que dé prioridad a las candidaturas femeninas cualificadas.

En este sentido, el Parlamento ha reforzado la disposición relativa a las sanciones, añadiendo una serie de medidas que deberán ser obligatorias, y no indicativas, como proponía la Comisión. Con arreglo al texto de la cámara de representantes, entre las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones relativas a los procedimientos de selección de los miembros del consejo de administración deberán figurar la exclusión de la contratación pública y la exclusión parcial de la adjudicación de ayudas procedentes de los Fondos Estructurales Europeos.

Además, frente a la propuesta original de la Comisión, los Estados miembros no tendrán la posibilidad de exonerar a las empresas del cumplimiento de la nueva normativa europea en los casos en que el sexo infrarrepresentado ocupe menos del 10 % de la plantilla.

Respecto a las pequeñas y medianas empresas seguirán estando excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva, pero se invita a los Estados miembros a apoyarlas y animarlas a mejorar significativamente el equilibrio entre hombres y mujeres en todos los niveles de gestión y en los consejos de administración.

La propuesta incluye también, como medida complementaria, una «cuota flexible», como es la obligación de que las empresas cotizadas en bolsa se fijen a sí mismas objetivos de autorregulación individuales por lo que respecta a la representación de ambos sexos entre los administradores ejecutivos, para alcanzarlos de aquí a 2020 (o 2018, en el caso de las empresas públicas).

Para convertirse en legislación, la propuesta de la Comisión tendrá que ser adoptada conjuntamente por el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea en el seno del Consejo, que decidirá por mayoría cualificada.