“es una sentencia histórica por lo que supone”, que entre otros aspectos es “recuperar la dignidad que nunca tuvimos que perder”, afirmó en rueda de prensa José Riquelme, presidente de Avite, tras conocer el pronunciamiento judicial.

La sentencia, que la farmacéutica puede recurrir en el plazo de 20 días, “es un homenaje para nuestras madres”, prosiguió Riquelme, quien se mostró convencido de que será un incentivo para que otras asociaciones demanden también a la compañía.

El presidente de Avite y el abogado que ha defendido la causa de la asociación, Ignacio Martínez, aseguraron estar satisfechos con la sentencia, porque les ha dado lo que habían pedido, que es recibir una indemnización de 20.000 euros por cada punto de discapacidad reconocido.

Sobre el hecho de que no sean todos los afectados los que cobren la indemnización, Avite declaró no estar molesta, porque considera que puede suponer un paso ya dado para futuros beneficiarios.

Y es que, el fallo, hecho público este miércoles, limita la indemnización a las personas reconocidas como afectadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, cuando se aprobó un decreto que fijó una serie de ayudas económicas, y a los que pudieran acogerse a esta medida en el futuro.

De esta forma, la sentencia excluye a los damnificados no reconocidos como tal por este decreto, algo que la asociación española que los agrupa no considera un problema, pues entiende que cabe la posibilidad de luchar para lograr que el Estado les vea algún día como afectados.

Y si ese día llega, indicaron Martínez y Riquelme, podrán solicitar la indemnización fijada en la sentencia publicada este miércoles, de la que de momento se beneficiarán solo 24 afectados.

Entre estos afectados, detallaron los representantes de Avite, hay personas con grados de discapacidad que van desde el 33% hasta alrededor del 90%, si bien existe un ciudadano al que se le ha otorgado el 99%.

De esta forma, los beneficiarios de la sentencia cobrarán entre 660.000 euros y 1.980.000 euros, puesto que se les otorgará 20.000 euros por cada punto de discapacidad reconocido..

Puesto que la farmacéutica, que dice respetar la sentencia, pero no compartirla, puede recurrirla en el plazo de 20 días, los beneficiarios tendrán que esperar ese tiempo para empezar a cobrar su dinero. Porque aunque la compañía recurra, podrán solicitar que se les paguen ya las indemnizaciones.