En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Moratinos precisó que el día 14 de noviembre, hacia las once de la noche, el ministro marroquí le comunicó por teléfono que se iba a expulsar a la activista, en ese momento detenida en El Aaiún. "Le expreso mi rechazo y mi condena", y al día siguiente, cuando Haidar volaba rumbo a Lanzarote, comunican que ha sido expulsada.

Moratinos aseguró que ningún miembro del Gobierno ha "echado el muerto" a la policía de fronteras al atribuir la decisión de permitir la entrada de Haidar en España, sino que han subrayado que actuaron "con la legalidad en la mano" y en aplicación del acuerdo Schenguen y de la Ley de Extranjería, y "sin ningún tipo de instrucción política".

Aunque lo habitual es negar la entrada de quien carece de pasaporte, Moratinos subrayó que Haidar tiene residencia legal en España y tras ser expulsada por Marruecos imperaban "razones humanitarias" para que la policía de fronteras decidiera "no dejarla en el limbo jurídico".