A través de un auto dictado hoy, el juez Sexmero acusa a los artífices de la querella, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, de “temeridad”, ya que presentaron su querella a pesar de tener conocimiento con anterioridad de la existencia de la carta de 21 de abril de 2008 por la que López Garrido comunicó su cese a la Fundación Alternativas. En consecuencia, el magistrado les condena a pagar las costas del proceso.

La querella aseguraba que López Garrido, a pesar de haber sido nombrado secretario de Estado para la Unión Europea el 15 de abril de 2008, continuó figurando como patrono de la Fundación Alternativas hasta el pasado 24 de mayo del 2009. En ese periodo su Secretaría de Estado otorgó dos ayudas por valor de 78.000 euros a la Fundación Alternativas.

En cambio, el juez Sexmero, después de realizar “las diligencias necesarias para la comprobación y esclarecimiento de los hechos denunciados”, ha concluido que López Garrido no cometió delito alguno.

El magistrado ha tomado esta decisión después de certificar a través de los archivos de la Fundación Alternativas y del Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura que López Garrido se dio de baja de la institución pocos días después de ser nombrado secretario de Estado para la Unión Europea y, por lo tanto, antes de que se otorgaran las ayudas.

CARTA DE CESE

El auto hecho público hoy señala que se ha certificado que López Garrido comunicó su cese a la Fundación Alternativas en una carta enviada el 21 de abril de 2008 y que esta institución tomó conocimiento del mismo en una junta de patronos celebrada el 10 de julio de ese año.

Sobre la carta en la que comunicó la baja, y en contra de lo afirmado por los letrados del Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, el juez Sexmero asegura que “no existe indicio alguno de que sea falsa”.

Por lo tanto, el magistrado indica que la primera ayuda otorgada desde la Secretaría de Estado a la Fundación Alternativas, concedida el 22 de julio de 2008, “es posterior, no ya a la carta de Lopez Garrido, sino posterior al acuerdo de la junta de patronos teniendo por cesado al querellado”.

El juez resta importancia al hecho de que el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura no reflejará la baja como patrono de López Garrido hasta el 9 de septiembre de 2009 ya que dicho archivo no se actualiza periódicamente. Esta tardanza en el registro es, a su entender, “inocua”.

En este sentido, señala que la responsabilidad de la tardanza de la inscripción de la baja de López Garrido sería en todo caso atribuible al secretario del Patronato de la Fundación Alternativas o al propio Ministerio de Cultura.

El magistrado destaca, además, que López Garrido no era rector de la Fundación y no cobraba dinero alguno por actuar como patrono. De hecho, llega a afirmar que “el cargo de patrono de la Fundación Alternativas por parte de López Garrido era compatible con el de secretario de Estado mientras no se comprometa la imparcialidad e independencia del cargo”.

La resolución indica también que no hay pruebas de que López Garrido cometiera un delito de malversación de fondos público porque “no existen indicio alguno de que en el otorgamiento de las ayudas se haya beneficiado a dicha Fundación en perjuicio de otras entidades o no se haya seguido el procedimiento administrativo”.