Esta recomendación tiene su origen en la queja de una persona con discapacidad, residente en un centro del Imserso, que acudió al Defensor del Pueblo porque la única vía que tenía para acceder a Internet era a través de una red wifi para invitados que no le permitía utilizar determinados servicios, como el correo electrónico o el Messenger.

A pesar de que esta persona se había ofrecido a pagar de su bolsillo una línea ADSL para instalarla en su habitación, los responsables del centro no se lo permitieron al considerar que la coexistencia de redes privadas y públicas implicaba riesgos en la seguridad.

En opinión del Defensor del Pueblo, “la política de seguridad aplicada por el Imserso ignora el vínculo residencial y trata a sus internos como visitantes”, según señala en una nota.

Por eso, la institución cree que este organismo "debería cambiar su política de acceso a Internet para que sus residentes puedan disfrutar sin obstáculos de las herramientas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) les ofrecen para mejorar su calidad de vida".