Todos los portavoces expresaron públicamente su voluntad de acuerdo y fue Joan Tardà, de ERC, el que utilizó esa expresión para explicar lo que, según él, el PP y el PSOE habían expresado dentro. Después, el `popular´ Ignacio Astarloa confirmó la disposición a abordar todas las propuestas, y después se verá si hay acuerdo o no.

De hecho, Astarloa dejó clara la voluntad del PP de “agilizar” el funcionamiento del Congreso y de “modernizar” la institución. Todos los grupos son conscientes de las “implicaciones políticas” que han dificultado siempre una reforma amplia del Reglamento, subrayó, y tienen intención de vencer las dificultades.

La voluntad, aseguró, es que haya un Reglamento “operativo para el control al Gobierno” para los próximos veinte años, que además agilice el procedimiento legislativo, y las reglas de funcionamiento interno.

Astarloa expresó su confianza en que, una vez que haya acuerdo sobre el contenido del Reglamento, no haya problema para concretar el momento de su entrada en vigor.

En ese sentido, el socialista Pablo Martín coincidió en que una vez acordada la reforma, concretar cuándo se aplica y si se hace de forma integral o de forma progresiva debería ser “un problema menor”. Es algo que ha quedado “abierto”, aseguró, también por parte del PP.

Todos los grupos saben, explicó Martín, que el actual es “uno de los últimos trenes que podemos coger” para recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos.

Es “una exigencia democrática imprescindible”, aseguró Rosa Díez, de UPyD, convencida de que todos perciben la necesidad de “hacer todo lo posible” para vencer dificultades y aportar documentos que sirvan par aproximar posiciones.

Facilitar el control al Gobierno, reforzar la transparencia, acercar el Congreso a los ciudadanos y fomentar su participación son los objetivos en los que todos los grupos, aseguró, están de acuerdo.

José Luis Centella, de La Izquierda Plural, insistió también en la necesidad de que el Parlamento sea digno del siglo XXI y no del XIX, y otorgó la mayor responsabilidad para lograrlo al grupo que ostenta la mayoría absoluta.

Cree posible que el control parlamentario al Gobierno sea “una realidad” y no un mero formulismo, y que los ciudadanos sientan que el Parlamento se preocupa realmente por sus problemas debatiendo, investigando o controlando al Ejecutivo.

Pese a las dificultades que en ocasiones anteriores impidieron la reforma, Montse Surroca, de CiU, aseguró que su grupo seguirá defendiendo, junto a otras cuestiones, la inclusión de las lenguas cooficiales.

En ese sentido, el portavoz de ERC, Joan Tardà, interpretó que la negociación “sin líneas rojas” implica voluntad real de “avanzar mucho” en control, transparencia, y también en ese reconocimiento “de una vez por todas” de los derechos lingüísticos de los diputados que hablan en lenguas cooficiales diferentes al español.

“Si no nos engañan”, y de hecho “ya nos engañaron una vez”, ese compromiso de diálogo apunta en esa dirección. Si no es así, los grupos que se nieguen quedarán retratados ante una sociedad que reclama un Parlamento “funcional, transparente” y sin un cariz evidentemente “decimonónico”.

Pese a esa voluntad de acuerdo de todos, Aitor Esteban, del PNV, alertó de que una negociación de este tipo “en cualquier momento puede descarrilar” porque los intereses de unos grupos y otros “no son los mismos”.