La iniciativa, que se debatirá y votará el jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados dentro de la última jornada del Debate sobre el Estado de la Nación, solicita que se impida que las empresas suministradoras puedan interrumpir el servicio ni excluir a nadie por razón de retraso o impago del recibo siempre y cuando reúnan las condiciones de renta familias que se determinen.

También pide regular un precio social en los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano, tramificando la tarifa para garantizar el consumo mínimo necesario de las familias en función del número de miembros y de la renta.

En la iniciativa se insta al Gobierno a realizar una auditoría energética independiente de la composición del déficit tarifario revisando los conceptos prescindibles y estableciendo una quita parcial de la deuda eléctrica.

Además, reclama eliminar las trabas económicas y legales al autoconsumo de energía renovable, y modificar la regulación del mercado eléctrico para permitir un sistema de retribuciones de acuerdo a los costes de producción.

La Izquierda Plural aboga por exigir a las compañías “transparencia” y “responsabilidad” en su gestión, incrementando la información acerca de los conceptos incluidos en la factura, así como la disponibilidad de ayudas y bonos sociales.

CONTRA LA FRACTURA HIDRÁULICA

Por otra parte, La Izquierda Plural mostró en otra iniciativa su “preocupación” por las prospecciones de hidrocarburos realizadas en las islas canarias de Lanzarote y Fuerteventura, y en el Mediterráneo frente a las costas de Andalucía, Baleares, Cataluña y Valencia.

Por ello, insta al Gobierno a prohibir la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, así como de gases de roca y no convencionales, que utilicen la técnica de fractura hidráulica.

De igual forma, exige la paralización de aquellos proyectos que ya están en marcha por los “riesgos, impactos y repercusiones negativas” que ocasionarán sobre el medio ambiente, y la actividad pesquera y turística.

En paralelo, demanda la reducción progresiva de los almacenamientos subterráneos de gas y la paralización del proyecto Castor.

Insta además al Gobierno a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regula en Cantabria la fractura hidráulica, y a consensuar con las administraciones afectadas las decisiones energéticas.

Por último, pide al Ejecutivo mantener el cese definitivo de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y dar un “giro radical” en materia energética, impulsando la soberanía e independencia, y el impulso a las energías renovables.