Así se refleja en un acuerdo adoptado por unanimidad por la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional. El primer punto del acuerdo consiste en trasladar al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, su “preocupación por el alcance de la proyectada reforma”, que se encuentra en la actualidad en tramitación parlamentaria a su espera de la aprobación definitiva por parte del Congreso de los Diputados.

Los representantes del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, presididos por el fiscal jefe Javier Zaragoza, alertan sobre las “negativas consecuencias” que la limitación de la jurisdicción universal “puede tener para la investigación y enjuiciamiento de graves delitos cometidos fuera del territorio nacional”.

“Acarreará de forma indiscriminada el archivo de la práctica totalidad de los procedimientos relacionados con el ejercicio de la jurisdicción universal”, señala el texto del acuerdo. La aprobación de la reforma conllevaría a la postre el archivo de causas como la investigación del asesinato en Bagdad (Irak) del cámara de televisión José Couso –en la que están procesados tres militares estadounidenses- o el caso contra los expresidentes de China Jiang Zemin y Hu Jintao por el genocidio en Tíbet.

PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Los fiscales critican al Gobierno por llevar a cabo el “vaciado de contenido derechos constitucionales básicos y la protección de las víctimas” con la limitación de la jurisdicción universal. La Junta considera que la reforma “limita notablemente la investigación y persecución de actividades delictivas especialmente graves de carácter transnacional” como el terrorismo, el tráfico internacional de drogas, la trata de seres humanos, la piratería, las redes de prostitución y de corrupción de menores, la pornografía infantil o la ciberdelincuencia.

Los representantes del Ministerio Público, en resumen, consideran que la reforma impulsada por el Ejecutivo de Rajoy “solo contribuirá a generar espacios de impunidad”.