Según explicó hoy el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, este encargo obedece al punto primero del Plan de Paz y Convivencia aprobado por el Ejecutivo autonómico.

El informe pretende computar cuántos atentados no han sido esclarecidos todavía para estudiar si las víctimas de los mismos o sus familiares están en situación de "desprotección" respecto a los criterios adoptados por Naciones Unidas en 2005 sobre qué derechos asisten a aquéllas en materia de conocimiento de la verdad, justicia y reparación.

El informe, cuya conclusión se prevé para otoño, se ha encargado a un equipo coordinado por el escritor y periodista Carlos Fonseca que compondrán, además, la criminalista y profesora de la Universidad del País Vasco Enara Garro, el exdirector de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior entre 2005 y 2011 José Manuel Rodríguez Uribes y el exfiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.

A preguntas de los periodistas, Erkoreka explicó que se considerarán atentados terroristas los que, según el ordenamiento jurídico y las sentencias de los tribunales, hayan sido perpetrados por organizaciones definidas como tales y que hará falta la colaboración con la Audiencia Nacional, por ser ésta la que tiene todos los sumarios de este tipo de crímenes.

El portavoz deslindó esta iniciativa de otras que prevé el Plan de Paz y Convivencia en materia de derechos humanos, y que se pondrán en práctica en el futuro, y puntualizó que será cada Administración competente, la estatal o la vasca, la que decida si las nuevas víctimas que se computen tras el esclarecimiento de atentados pueden optar a las ayudas a las que ya acceden las que están reconocidas como tales.