El Pleno de la Cámara Baja aceptó todas las enmiendas acordadas en el Senado, esto es, la prohibición expresa de utilizar detectores de radares o cinemómetros (200 euros de multa y 3 puntos de pérdida en el carné de conducir), la ampliación a 20 días del plazo para pagar multas con el 50% de descuento, que los agentes no inmovilicen las bicicletas a los ciclistas que no lleven casco y que los conductores que circulen con un vehículo matriculado en otro país de la UE paguen las multas si cometen alguna infracción en España.

La portavoz del PP, María Concepción Bravo, señaló que los populares han intentado concitar “el mayor grado posible de consenso” con la modificación de esta ley y defendió que la nueva norma pretende “prevenir los accidentes de tráfico” y minimizar sus consecuencias, ante lo cual puso en valor la obligatoriedad del uso del casco en ciudad para los ciclistas menores de 16 años, lo cual, según aseguró, “va a traer como consecuencia que los adultos también nos lo vamos a poner”.

Además, señaló que la reforma legislativa pretende “cortar de raíz” la conducción bajo los efectos de las drogas y del alcohol, fomentar los sistemas de retención infantil, y el intercambio de información entre países de la UE para que los conductores extranjeros paguen las multas para evitar “la impunidad con la que todavía circulan los vehículos con matrícula extranjera que cada año recorren nuestras carreteras”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Carlos Corcuera, calificó de “oportunidad perdida” la modificación de la ley de tráfico y acusó al Gobierno de intentar “hacer caja” con una norma “innecesaria, incompleta, improvisada y atropellada” que aumenta a 130 km/h el límite de velocidad en algunos tramos de autopistas y autovías, “a pesar de que está sobradamente demostrado que la velocidad mata”, y obliga al uso del casco para los menores de 16 años.

Corcuera subrayó que el texto “favorece los intereses de unos pocos”. “¿Que las concesionarias de autopistas de peaje tienen problemas por falta de vehículos? Subamos la velocidad. ¿Que algunos quieren hacer negocio con el sistema de puntos? Liberalicemos el sistema. ¿Que algunos pagan demasiado por los atropellos de especies cinegéticas? Que tenga la culpa el conductor, aunque haya respetado las reglas”, comentó.

El portavoz de CiU, Jordi Jané, lamentó que la modificación de la ley de tráfico no se haya hecho “desde el consenso”. “Lo hemos hecho mal, hemos legislado mal. Hemos hecho un ‘totum revolutum’ sin criterio. No sabemos qué prisas hay para acometer de esta forma esta reforma”, añadió.

Jané valoró que el texto obligue al uso del casco a los ciclistas menores de 16 años en las ciudades, que el plazo voluntario para pagar multas con el 50% de descuento se amplíe de 15 a 20 días naturales y que multa de 1.000 euros con conducir borracho se limite a quienes hayan reincidido en un año o hayan duplicado la tasa reglamentaria.

El portavoz de La Izquierda Plural, Ricardo Sixto, criticó la “celeridad” en la aprobación de la ley y mostró su rechazo al aumento puntual del límite a 130 km/h en autopistas y autovías, y el casco ciclista porque, a su juicio, conllevará a “una disminución del uso de la bicicleta”.

Toni Cantó (UPyD) subrayó que el Gobierno pretende “recaudar” con la nueva ley y pidió “menos multar y más invertir” en carreteras, en tanto que Joseba Andoni Aguirretxea (PNV) lamentó que no se hayan tenido en cuenta las enmiendas de su grupo relativas a que el País Vasco cuenta con competencias en materia de tráfico.

LAS NOVEDADES

La nueva ley, que entrará en vigor un mes y un día después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge varias novedades que afectarán a los conductores, los niños, los ciclistas, los extranjeros residentes en España, los agentes que regulan el tráfico y los ciclomotoristas, entre otros colectivos.

Por ejemplo, prohíbe que los niños de menos de 1,35 metros de altura vayan en los asientos delanteros, salvo que todos los traseros estén ocupados, y los agentes podrán inmovilizar el vehículo si el menor no va en su sillita de retención infantil.

Los límites de velocidad sufren algunas variaciones. Así, se avalan las ‘zonas 20’ para que las ciudades permitan apaciguar el tráfico de los vehículos motorizados con un máximo de 20 km/h; en las carreteras convencionales se podrá circular a un máximo de 90 km/h (o 70 km/h, depende de la anchura del carril, no del arcén, como hasta ahora), y en algunos tramos determinados de autopistas y autovías se incrementará a 130 km/h.

Además, incluye cambios para los ciclistas. El uso del casco, que ya es obligatorio en las vías interurbanas, será imperativo para los menores de 16 años que conduzcan por las ciudades, aunque los agentes no podrán inmovilizar la bicicleta a quienes incumplan este requisito. Y los usuarios de estos vehículos de dos ruedas podrán circular por debajo de la velocidad mínima establecida, fijada en el 50% del límite máximo.

Por otro lado, la sanción por conducir bajo los efectos de las drogas ilegales (no las consumidas bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica) se eleva de 500 a 1.000 euros en todos los casos, en tanto que los conductores que dupliquen la tasa de alcohol permitida o hayan reincidido borrachos al volante en un año también serán multados con 1.000 euros.

La nueva ley amplía de 15 a 20 días naturales el plazo voluntario para pagar las multas con un descuento del 50%. Otro cambio en la norma es que Tráfico podrá cerrar la circulación a determinados vehículos motorizados por motivos medioambientales, tanto en las calles como en las travesías y en las vías interurbanas, después de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente así lo dicte con la instrucción pertinente.

Por otra parte, se prohíbe expresamente la utilización de detectores de radares o de cinemómetros, lo cual estará sancionado con una multa de 200 euros y con la pérdida de 3 puntos en el carné de conducir. No obstante, está permitido circular con navegadores que avisan de la presencia de radares.

En cuanto a los accidentes ocurridos en cotos de caza, por regla general el conductor será el responsable del atropello de especies cinegéticas, salvo cuando el siniestro se deba a una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo en el mismo día o 12 horas antes de que esta actividad finalice, así como cuando el cerramiento no esté reparado o no esté señalizado que existen animales sueltos.

La ley aporta cambios para los conductores extranjeros, ya que los que residan o tengan un establecimiento en España, especialmente los que viven en el área levantina o en zonas transfronterizas, estarán obligados a matricular sus vehículos ante las autoridades españolas, y quienes conduzcan con un vehículo de otro país de la UE podrán ser multados en el caso de que cometan alguna infracción.

Por último, las grúas que acudan a realizar un servicio de auxilio en carretera tendrán prioridad de paso, los agentes que regulan la circulación podrán multar aunque no puedan detener al conductor, los camiones o grandes vehículos serán inmovilizados si quien está al volante no tiene el permiso correspondiente, los vehículos prioritarios (como las ambulancias) tendrán luz azul, los automovilistas bajo tratamiento oncológico tendrán menos restricciones en función de la evolución de su tratamiento y la caída de la carga de un vehículo en la vía, creando así un peligro para el resto de usuarios, será una infracción grave (200 euros de multa).