En la declaración se pide a la compañía que “reconsidere el cierre del centro de Fuenlabrada, que se cree un espacio de diálogo y negociación entre la empresa, los trabajadores y sus representantes que conlleve el establecimiento de un plan cuyo objetivo sea trabajar por el mantenimiento de Fuenlabrada y sus puestos de trabajo, junto con la estrategia que la empresa considere para competir en el mercado".

Asimismo, todos los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo en proponer que, “para el caso de que finalmente se cierre, se proceda, conforme a la legalidad vigente, a la devolución de las cuantías correspondientes de las ayudas que se pudieran haber recibido del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que estuvieran vinculadas al mantenimiento de la planta de Fuenlabrada y el empleo de la misma”.

En el texto se indica que la citada empresa presentó “un ERE derivado de la reestructuración de sus embotelladoras y delegaciones comerciales y el cierre de cuatro plantas de producción, alegando causas organizativas y de gestión empresarial”.