Este protocolo tiene por objeto la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia, en el ámbito de los sistemas informáticos, y en particular, Internet, penalizando jurídicamente los actos racistas y xenófobos.

Para ello, el Protocolo Adicional armoniza el derecho de los Estados miembros y de los demás estados firmantes, y amplía el ya firmado y ratificado por España Convenio sobre ciberdelincuencia.

El objetivo del Protocolo es la asistencia mutua en dos aspectos: uno, la armonización de la legislación penal sustantiva en cuanto a la lucha contra el racismo y la xenofobia en Internet y, otro, en cuanto a mejora de la cooperación internacional en esta área.

En cuanto a las medidas que deben tomarse a nivel nacional, las partes firmantes deberán tomar medidas legislativas o de otra índole para evitar la difusión de material racista y xenófobo mediante sistemas informáticos, impedir que mediante las redes se den amenazas o insultos con motivación racista o xenófoba y también impedir que se utilicen sistemas informáticos para negar o justificar genocidios o crímenes contra la humanidad.