Así se asegura en un informe elaborado por los servicios de inteligencia de la Policía Nacional y remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco del proceso contra un etarra.

En concreto, el análisis se incorpora al auto de procesamiento del presunto etarra Javier Aguirre Ibáñez, que, según los datos recabados por la Policía, ajusta su trayectoria y su comportamiento desde que se trasladó a vivir a Bruselas (Bélgica) a los criterios establecidos por ETA para aquellos de sus miembros que considera “refugiados”.

Este informe, al que tuvo acceso Servimedia, fue remitido el pasado 24 de marzo al juez Velasco por la Comisaría General de Información. Los agentes explican que la banda etarra considera al colectivo de “refugiados” y de presos como “frentes destacados” que no puede permitir que “escapen a su disciplina”. Esto es así porque la situación de estos fugados es susceptibles de ponerse sobre la mesa como “consecuencias del conflicto” en un eventual diálogo con el Gobierno.

ATENTADO DE BARAJAS

Según los servicios de inteligencia policial, a partir de 2007 la banda terrorista desarrolló una nueva estrategia global tras la ruptura del alto el fuego en enero de ese año. El fin de la tregua se produjo tras el atentado en la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas, acción criminal que provocó dos muertos.

A partir de ese momento, ETA acometió una “reorganización las estructuras, funcionamiento e instrumentos de control de sus militantes huidos al extranjero”.

El informe detalla que el colectivo de “refugiados” y de presos son “frentes destacados” que la banda no puede permitir que “escapen a su disciplina”, porque son susceptibles de ponerse sobre la mesa como “consecuencias del conflicto” en un eventual diálogo con el Gobierno para alcanzar la paz.

"DESLOCALIZACIÓN"

Las “novedades” respecto a la gestión hecha de los activistas en el extranjero en otras épocas son dos. La primera, según la Policía, es la “deslocalización” de ciertas “estructuras clandestinas, trasladándolas desde el territorio francés a otros países europeos, donde instala no sólo algunas actividades de tipo logístico o militar como los taldes (grupos de reserva), sino también del aparato político”, entre ellos el de "refugiados".

Por otro lado, ETA delega el desarrollo de dicha estrategia en lo que se refiere a la “operatividad cotidiana y los detalles del trabajo” a un nuevo órgano que denominó Ihesko (Colectivo de refugiados), cuyo “núcleo directivo está en el País Vasco francés”, aunque con ramificaciones en cada uno de los países con presencia etarra.

Los agentes extrajeron estas conclusiones en parte gracias a la incautación de documentación en mayo de 2008 al responsable del aparato político de ETA en ese momento, Francisco Javier López Peña 'Thierry'. Según esos documentos, Joseba Agudo Mancisidor 'Pagoa' fue uno de los diseñadores del nuevo sistema oraganizativo de Ihesko.

BÉLGICA, ALEMANIA Y GRAN BRETAÑA

La dirección de esta estructura recaía en un “núcleo reducido” cuya función era la “gestión integral de los refugiados en el mundo” a través del “seguimiento de los militantes que tenemos en Europa, América y África”. Su tarea era “proporcionarles sustento político, ayuda social, jurídica, médica, psicológica, búsqueda de casas y coordinación” entre ellas.

En ese momento la banda tenía viviendas en Bélgica, Alemania y, posteriormente, en Gran Bretaña. Esta estructura se encargaba de la acogida y establecimiento del “refugiado” en su nuevo país de residencia y facilitaba una “normativa interna” que instruía al militante en lo que debía ser su “comportamiento y actitud de lucha” en esa nueva etapa.

La decisión de qué militantes de ETA debían marcharse o quedarse seguía siendo exclusiva de la banda, que la tomaba en el seno de ZUBA, el máximo órgano de decisión etarra, y la comunicaba mediante una carta personal. La Policía estima que ETA no concedía la condición de “refugiado” a ninguna persona que no estuviera plenamente integrada en la organización.

El informe sostiene que “la condición de militante de ETA es intrínseca a la de 'refugiado'” y, aunque “no todo militante es 'refugiado', todo 'refugiado' es militante”.

El auto de procesamiento entiende que Aguirre cumple el esquema que la banda aplicaba a sus “refugiados” y, de hecho, llegó a proporcionarle dos documentos de identificación falsos, algo que sólo proporciona a sus fieles.

Además, considera acreditado que recibió dinero en metálico de “miembros de la oficina de Batasuna en Bruselas” y destaca que se resistió a reconocer su pertenencia a ETA tal y como la banda indica en sus instrucciones internas, que advierten de que “será responsabilidad de todos luchar contra la entrega o la extradición hasta el final”.

Aguirre está procesado por pertenencia a organización terrorista y por falsificación de documentación oficial con intención terrorista.