El resto grupos parlamentarios representados por UPyD, La Izquierda Plural y ERC mostraron su oposición a este nuevo texto. La votación final dio luz verde al informe sobre el proyecto de el, aprobada por el Gobierno el 10 de mayo del pasado año y que sustituirá a la anterior, de 1998. El informe aprobado este miércoles está previsto que se ratifica en el Pleno de los Diputados.

Esa reforma introduce entre sus principales novedades la sanción económica de uno a quince días y reduce a la mitad las sanciones máximas de arresto: de treinta a catorce días por faltas leves y de dos meses a treinta días por faltas graves.

El acuerdo entre PP y PSOE se cerró tras renunciar el Gobierno a sancionar a los miembros de los órganos de dirección de las asociaciones de guardias civiles por las decisiones adoptadas que incumplan el régimen disciplinario.

En el texto se mantienen el arresto de hasta ocho días por las faltas leves y se fijan garantías de procedimiento y motivación de las sanciones. El nuevo texto también recoge que el arrestado puede solicitar el ‘habeas corpus’, lo que permite la tutelo judicial efectiva, y entre otras garantías, su declaración no se podrá realizar hasta pasadas 48 horas del arresto.

Por su parte, el portavoz del PP, Vicente Ferrer, destacó que se produce “un acuerdo amplio y un consenso razonable” y añadió que se han registrado “avances” en todo los aspectos básicos del proyecto de ley.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa, Diego López Garrido, apuntó que la aprobación del informe se inscribe dentro de “un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas” y supone “un proyecto avanzado, abierto y garantista”. Asimismo, valoró la especial protección a las mujeres y la necesidad de la motivación de la resolución sancionadora. También consideró “relevante” la intervención judicial para la imposición de sanciones por infracciones.

Por su parte, el diputado de CiU Joan Guillaumes se mostró favorable a este dictamen aprobado por la Comisión por su “concreción y seguridad jurídica”, mientras que el portavoz de la Izquierda Plural, Jose Luis Centella, criticó que la nueva ley “no es un avance sino un estancamiento, dijo, y un retroceso” que “mina la moral y debilita la capacidad de las Fuerzas Armadas”.

En esta línea, la diputada de UPyD Irene Lozano señaló que el informe provoca “el aislamiento” de las Fuerzas Armadas e impone “el inmovilismo” distanciando “lo militar de la Administración” para aquellos que tienen “encomendada la salvaguarda del régimen constitucional”.

Por último, el portavoz del Grupo Mixto, Joan Tarda, criticó que el nuevo régimen no reconoce como falta el menosprecio a las lenguas oficiales del Estado español y afirmó que “todavía se dan casos de insultos por la lengua”.