Estas agencias colaborarán en las tareas de búsqueda de un empleo para las personas desempleadas y percibirán una cuantía procedente de los servicios públicos de empleo de cada comunidad autónoma como compensación.

Cuando el Ejecutivo aprobó este plan, estableció un coste estimado de 200 millones de euros para el conjunto de las 14 comunidades autónomas que participan (todas salvo Andalucía, País Vasco y Cataluña).

La cuantía del pago por inserción dependerá tanto de las condiciones pactadas entre las empresas y los servicios de empleo de cada región, como del perfil del parado que ha sido recolocado.

El pliego de condiciones de estos contratos establecía una cuantía máxima en función de la edad y el tiempo en el paro de la persona que consigue el empleo, pero las empresas debían pactar una rebaja sobre esta cifra con los servicios públicos de empleo.

Así, el pago máximo que permiten las condiciones del contrato oscila entre 300 euros para los menores de 45 años que llevasen entre 3 y 6 meses en paro; y 3.000 euros, que se fija como tope en el caso de mayores de 55 años con más de un año en desempleo o mayores de 45 años con más de 2 años en esta situación.

Para que la colocación se considere efectiva, el contratado deberá permanecer en el empleo o en uno de similares o mejores características durante un periodo equivalente a tiempo completo de 6 meses, en el plazo de ocho meses a partir del momento de la contratación. En el caso de los fijos discontinuos, el periodo para cumplir los seis meses se amplía hasta un año.

No obstante, los contratos entre las agencias y los servicios públicos de empleo pueden incluir minoraciones en los pagos cuando los contratos firmados sean a tiempo parcial, y no se considerarán inserciones cuando sean consecuencia de una ayuda pública o en empresas dentro del grupo del que el trabajador haya formado parte en los seis meses anteriores.

Los pagos consistirán en una cuantía fija por inserción y pueden incluir complementos, como incentivos en personas de especial dificultad como discapacitados, o por el mantenimiento continuado del empleo durante seis meses adicionales.

Además, se puede establecer una cuantía por cada inserción que la administración autonómica le encomiende a la agencia, independientemente de si se logra la colocación o no. Este pago no podrá ser superior al 50% del establecido para las colocaciones que efectivamente se realicen y en ningún caso podrán superar los 400 euros.

También se incluye una compensación de hasta el 15% del pago por inserción por la resolución de irregularidades que supongan una sanción al desempleado y que se pagará aunque no se logre la colocación.