El Tribunal Supremo ha confirmado hoy la condena de dos años de prisión que la Audiencia de Córdoba impuso a Antonio Guisado Adame, exalcalde de Fuente Palmera. También se ha ratificado la pena de año y medio para una ex concejala de este municipio y de tres años para un secretario de este Consistorio cordobés. A los tres se les acusa de malversación de caudales públicos y prevaricación.

La Sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo ratifica así la pena impuesta en septiembre de 2013 por la Audiencia Provincial de Córdoba que, además, obliga a Antonio Guisado a devolver al Ayuntamiento18.530 euros, mientras que la ex concejala María Isabel Ostos reembolsará 10.268 euros.

Adame fue alcalde de la localidad entre los años 1987 y 2003. Por su parte, Ostos trabajó como concejala del mismo ayuntamiento 1989 hasta 2003 y durante dieciocho meses ejerció como alcaldesa en funciones. A su vez, el secretario municipal Rafael Peña Tubio, que sólo ha sido condenado por malversación, desempeñó los cargos de secretario e interventor entre los años 1986 y 2003.

Durante los años que trabajaron en la Alcaldía, estos condenados retiraron diversas cantidades de dinero en metálico, muchas de ellas sin justificar. Usaron este dinero para pagar viajes, lotería y comidas, algo que el Supremo ha calificado de “insostenible”.

Asimismo, la sentencia habla de una "desviación clara de poder" en relación al dinero que los acusados daban a los vecinos. En este sentido, el Alto Tribunal argumenta que una administración pública "no puede prestar dinero municipal a algunos vecinos sin sujeción a regla o procedimiento administrativo alguno".